La dirigencia campesina denuncia que la norma pone en riesgo la pequeña propiedad, mientras el Gobierno asegura que solo busca dinamizar el crédito rural.
A pocos días de su promulgación, la Ley 157 ha abierto un debate que lejos de disiparse, continúa profundizándose. En Tarija y el Chaco, organizaciones campesinas han comenzado a articular un rechazo más visible a la norma, mientras el Gobierno nacional redobla su defensa, asegurando que se trata de una herramienta para dinamizar la economía rural.
La controversia no es menor. La ley introduce cambios en el régimen de propiedad agraria vigente desde la Reforma Agraria de 1953, abriendo la posibilidad de que pequeños propietarios transformen voluntariamente sus tierras en propiedades medianas o empresariales, con el objetivo de acceder a financiamiento.
Sin embargo, para sectores sociales, esta “flexibilización” representa un riesgo. Pues la ley cambia las reglas del juego.
El núcleo de la Ley 157 radica en permitir que predios catalogados como pequeña propiedad —históricamente inembargables e indivisibles— puedan cambiar de estatus jurídico. Con ello, estas tierras podrían ser utilizadas como garantía hipotecaria ante el sistema financiero.
Desde el Ejecutivo, se sostiene que esta medida busca “liberar” el potencial productivo del campo, permitiendo a los productores acceder a créditos formales, con tasas más bajas y condiciones más favorables que las del mercado informal.
El proceso, además, se plantea como voluntario y gratuito, administrado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Pero en el terreno, la lectura es distinta.
Campesinos en alerta
En Tarija, el rechazo ha comenzado a tomar forma a través de pronunciamientos de dirigentes y organizaciones campesinas. El secretario ejecutivo de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT), Herber Quispe, advierte que existe una creciente preocupación entre las familias rurales.
El temor principal gira en torno a la pérdida de la inembargabilidad de la tierra, una figura que durante décadas ha protegido a los pequeños productores frente a crisis económicas o deudas.
Cuestionó que la norma no habría pasado por procesos de consulta previa, como establece la Constitución Política del Estado.
En la misma línea, el exdirigente campesino del Chaco, René Rollano, de igual forma expresó su rechazo. Argumentó que la CPE y la Ley 3545 de Reconducción comunitaria, establece que la pequeña propiedad es indivisible e inembargable, consiguientemente, consideró que no era necesario una ley nacional para convertir una pequeña propiedad a mediana propiedad y que sea un requisito para tramitar créditos en las entidades financieras.
René Rollano, sostiene que la legislación vigente ya contemplaba mecanismos suficientes para el desarrollo productivo, sin necesidad de exponer las tierras al sistema financiero.
El rechazo no se limita a Tarija. A nivel nacional, organizaciones como la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO), la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), el CONAIOC, además de instituciones como la Fundación TIERRA, CEJIS y la Fundación Solón, han expresado su preocupación.
Los cuestionamientos tienen tres ejes centrales: El riesgo de concentración de tierras, al facilitar la compra y acumulación por actores con mayor capacidad económica; Mercantilización del territorio, transformando la tierra de un bien social a un activo financiero; Impacto ambiental, al incentivar modelos agroindustriales intensivos que podrían derivar en deforestación y monocultivos.
Consulta
Sin consulta previa: La FSUCCT denuncia que la Ley 157 se aprobó a espaldas del sector campesino
El Gobierno defiende la promulgación de la Ley
Frente a las críticas, el Gobierno nacional ha salido a cerrar filas en defensa de la Ley 157. Durante los actos por la efeméride de Tarija, el presidente Rodrigo Paz insistió en que la norma está siendo “malinterpretada” y utilizada con fines políticos. El mandatario aseguró que la ley no afecta tierras comunitarias ni reservas naturales, y que respeta plenamente la propiedad privada y los títulos existentes.
“No está bien que se le engañe a la gente con discursos falsos”, afirmó, al tiempo de recalcar que el objetivo es facilitar el acceso a crédito formal y evitar que los productores recurran a prestamistas informales.
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