El ministro de Defensa, Marcelo Salinas, aseguró que en la actualidad “la mitad” de los radares franceses operan controlando el espacio aéreo. Tras la llegada de la empresa Thales se conocerá la situación de estos equipos, anticipó la autoridad.
La francesa Thales Air Systems le vendió a Bolivia un
sistema de 13 radares hace una década. Esa operación fue sometida a una
auditoría por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira y el informe de
esta operación, que ya está listo, será presentado en el curso de los próximos
días, de acuerdo con el ministro de Defensa, Marcelo Salinas Gamarra.
En ese contexto, la autoridad también informó que ejecutivos
de esta firma extranjera llegarán al país para reunirse con el Gobierno y
analizar la situación del sistema. “Está llegando la empresa Thales con la que
vamos a tener una reunión”, señaló Salinas.
El contrato para la adquisición de estos equipos, orientados
a la detección de vuelos irregulares fundamentalmente vinculados al
narcotráfico, fue suscrito en agosto de 2016, durante la tercera gestión de Evo
Morales, bajo la modalidad “llave en mano”, por un monto de 191 millones de
euros (unos $us 223 millones actuales). El acuerdo contemplaba la ejecución del
Sistema Integrado de Defensa y Control de Tránsito Aéreo (Sidacta), mediante el
cual Bolivia adquirió 13 radares —primarios y secundarios— destinados al
control civil y militar del espacio aéreo soberano del país.
Según un informe de Edmundo Novillo, quien fue el último
ministro de Defensa de la era del MAS, los equipos fueron entregados e
instalados entre diciembre de 2022 y septiembre de 2023, siete años después de
la suscripción del contrato. El reporte fue presentado durante la pasada
gestión legislativa a solicitud de Henry Montero, quien fue senador.
Sin embargo, durante la gestión de Luis Arce Catacora
persistieron dudas sobre la ejecución real del proyecto. Nunca se precisó con
claridad si todos los radares fueron instalados, cuántos estaban operativos ni
en qué regiones del país se encontraban para apoyar a la Fuerza Aérea (FAB) en
la detección de vuelos irregulares.
El proyecto estaba vinculado a un proyecto que demanda una
coordinación con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) que
no logró concretarse ante la falta de nomativas.
-¿Funcionan los radares?-
Consultado sobre la situación actual, el ministro Salinas
reconoció que el sistema no opera plenamente. “Ahorita la mitad de los radares
están funcionando”, afirmó, sin precisar el número exacto ni sus
características.
Añadió que el Gobierno entregará a los representantes de
Thales el informe de auditoría, que incluye una evaluación técnica y legal del
proyecto. “Les vamos a hacer entrega de la auditoría que hemos realizado
respecto a la parte técnica y legal”, indicó.
Las versiones oficiales han variado en los últimos meses. En
febrero, en una entrevista con EL DEBER, el propio Salinas había señalado que
el funcionamiento era “parcial” y, ante una consulta directa, señaló que solo
“dos de nueve” radares estaban en operación. En esa oportunidad, sostuvo que
los únicos equipos activos eran los destinados al control civil del espacio
aéreo.
-Otras versiones-
El 15 de abril, en Tarija, el comandante general de la
Fuerza Aérea Boliviana (FAB), el general Sergio Lora Araoz, afirmó que desde
hace al menos dos años se utilizan los radares en tareas de interdicción contra
el narcotráfico.
“Ya estamos un par de años realizando este trabajo con los
radares y las aeronaves”, indicó para referirse a las operaciones destinadas a
interceptar vuelos ilegales vinculados al transporte de sustancias controladas.
-Cuestionamientos-
Para el analista en temas de seguridad y abogado
constitucionalista Jorge Santistevan, la compra del sistema estuvo marcada por
irregularidades desde su concepción, cuando —según afirmó— fue impulsada por el
exministro Juan Ramón Quintana.
Santistevan, quien además es un oficial de Ejército en
retiro, sostuvo que el gobierno del MAS
“nunca” presentó un informe completo sobre la instalación y funcionamiento de
los equipos.
“Desde que llegaron los radares nunca han funcionado ni
siquiera al 50%. Incluso se desconoce el paradero de algunos que no fueron
instalados”, afirmó.
El experto consideró que la auditoría anunciada por el
Ejecutivo es un paso inicial, pero insuficiente, y planteó que la Asamblea
Legislativa deba ejercer un proceso de fiscalización integral sobre la
contratación, instalación y operación del sistema de radares.
El Deber
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