El gobierno del Movimiento al Socialismo ha encarcelado a la ex
presidente Jeanine Áñez Chávez y a varios de los que fueron sus colaboradores.
El cargo es haber cometido un “golpe de Estado” y actos de terrorismo cuando
surgieron protestas masivas contra el fraude electoral del gobierno de Evo
Morales, que culminaron en la renuncia del entonces presidente.
La actual demasía, tan similar a otras del pasado masista, ocasionó
protestas en Bolivia, y la Secretaría General de la Organización de Estados
Americanos emitió un comunicado condenando los excesos cometidos contra la
democracia y los derechos humanos. Afirma que “ha tomado debida nota de las
preocupaciones expresadas en los comunicados de diversas instancias
internacionales y expresa su propia preocupación ante el abuso de mecanismos
judiciales que nuevamente se han transformado en instrumentos represivos del
partido de gobierno”.
Agrega que hay normas obligatorias para garantizar la vigencia de los
derechos humanos y que es importante recordar que la Carta Democrática
Interamericana define “como elemento esencial de la democracia representativa,
la separación e independencia de los poderes públicos” y que “el sistema
judicial boliviano no está en condiciones de brindar las mínimas garantías de
juicio justo, de imparcialidad y de debido proceso, debido a problemas de
estructura y en particular de su integración”.
La reacción de la nueva Cancillería no se hizo esperar. Con un duro y
desusado lenguaje, culpó directamente al Secretario General de la OEA de
intervenir en los asuntos internos de Bolivia. Sorprende que no se haya
reparado en que la violación de los derechos humanos no es tolerable para la
comunidad internacional. Hay normas como la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de la ONU y la Carta Democrática Interamericana.
“La no intervención es un principio internacional vigente, pero no al
precio de que un Estado haga escarnio de las libertades democráticas”, afirma
el exembajador argentino ante la ONU, Emilio Cárdenas, en El principio
de ‘no intervención’ y los derechos humanos (La Nación, Bs. As.
03.08.2017). “Los autoritarios responden a las crecientes acusaciones de que
los regímenes que encabezan violan los derechos humanos de sus pueblos con el
argumento sintonizado de que señalarles objetivamente esa circunstancia implica
una violación del principio de “no intervención” en los asuntos internos de sus
respectivos países”. ¿Esto es así? Cárdenas responde: No. “¿Qué sostiene el
principio de no intervención? Muy simple: que cada Estado tiene el derecho
soberano de conducir sus propios asuntos, sin ser perturbado por injerencia
extranjera alguna. Salvaguardia que, sin embargo, no es absoluta”. Y cita a
Edmundo Vargas Carreño: “Los Estados no pueden invocar como un asunto de su
dominio reservado el tratamiento que dispensan a las personas sometidas a su
jurisdicción y los Estados y las organizaciones internacionales no dejan de
cumplir con el principio de no intervención cuando adoptan medidas en contra de
Estados que violan los derechos humanos”.
Realmente estamos ante una seria violación de las libertades
democráticas y de los derechos humanos.
El autor es exembajador de Bolivia.
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