El jefe de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa se sumó este domingo a la demanda de Censo de Población y Vivienda el 2023, pero en el segundo semestre de ese año y la aplicación inmediata de los resultados el segundo semestre de 2024.
El líder opositor considera que esa fórmula daría solución al paro indefinido planteado por el comité cívico pro Santa Cruz que exige al gobierno la derogación del decreto que posterga el empadronamiento hasta el 2024 y sus resultados a difundirse el 2024.
Mesa sugiere que el censo podría realizarse el segundo semestre de 2023 con el compromiso de entregar resultados finales el primer semestre de 2024 y su inmediata aplicación en el segundo semestre de 2024 para la redistribución de recursos de acuerdo a población.
Afirma que el gobierno mintió cuando dijo estar preparado para hacer esa tarea en noviembre de 2022, lo que demuestra que su voluntad de manipular los tiempos en función de sus intereses políticos directos.
Sostiene que tras el censo viene la discusión sobre un nuevo padrón electoral, nuevas circunscripciones uninominales y nueva composición de la Cámara de Diputados que serían los motivos por los cuales el gobierno decidió postergar el censo y no quiere ceder no sólo ante los cruceños sino ante todos los bolivianos.
“No se debe olvidar además que es imperativo que antes de terminar 2023 debemos contar con una justicia y un Ministerio Público independientes y probos”, afirmó al remarcar la necesidad de llegar a compromiso creíbles a partir de la derogación de normas que, si no se cambian, hacen poco viable la recuperación de credibilidad de una de las partes.
Indicó que la fecha del Censo es el retrato de una polarización, es la consecuencia de una mentira sistemática y de un cálculo de los poderosos de lo que les conviene a ellos, no a Bolivia.
Dijo que el censo 2023 no es un capricho, sino tiene que ver con la obligación de llevar a cabo una tarea indispensable que permita saber en qué situación está el país en aspectos esenciales para orientar la aplicación adecuada de políticas públicas de inversión en vivienda, electricidad, agua, saneamiento básico, conectividad y otros aspectos esenciales.
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