1. La denuncia y el enjuiciamiento contra la expresidenta Añez por
“sedición, conspiración y terrorismo” es una triquiñuela destinada a
encarcelarla ilegalmente, eludiendo el juicio de responsabilidades que le
corresponde como expresidenta por supuestos delitos que hubiere podido cometer
en el ejercicio de sus funciones.
2. Eludir el juicio penal de responsabilidades, que tiene que tramitarse
ante el Tribunal Supremo de Justicia previa autorización legislativa, es un
ardid contrario a la Constitución y a los derechos fundamentales, reiterando el
camino de la persecución política, de la venganza partidaria y de la
confrontación, que pueden aparejar graves riesgos a la convivencia democrática
y a la propia estabilidad gubernamental.
3. Nunca hubo golpe, sino fraude, sublevación ciudadana y fuga. Pero por
un momento aceptemos que sí existió “golpe” y que, como consecuencia de él, se
instaló un “Gobierno de facto” que luego incurrió en varias figuras típicas,
como los hechos luctuosos de Senkata y Sacaba, sobre los que también el
Gobierno ha anunciado el enjuiciamiento de los gobernantes transitorios.
4. Si ello fuera así, la sedición, terrorismo y conspiración supuestas,
no serían sino actos previos al “golpe de Estado” que, inmediatamente después,
dieron origen al “Gobierno de facto”. No se pueden separar los hechos previos
de un supuesto golpe de Estado, de los delitos que después hubieran cometido
los “gobernantes de facto”
5. Así ocurrió con García Meza que fue enjuiciado por la Corte Suprema,
siendo condenado por los delitos cometidos, incluyendo la sedición y la
conspiración consumadas previamente, antes de posesionarse como presidente,
como actos delictivos anteriores, pero indisolublemente ligados al origen de su
gobierno y a sus acciones posteriores. Ya aquella vez quedó clarísimo que, de
ninguna manera, era legal ni pertinente separar los actos sediciosos previos de
los actos gubernamentales delictivos posteriores. Los primeros eran el vehículo
para los segundos.
6. Hoy, la separación que está haciendo el Gobierno no sólo es una
aberración jurídica, desde el punto de vista procesal penal, sino un ardid para
violentar las garantías constitucionales y legales especiales que la democracia
boliviana otorga a la expresidenta Áñez como gobernante constitucional
transitoria.
En el peor de los casos, y siempre suponiendo que hubo “sedición
conspiración y golpe de Estado”, jurídicamente estaríamos en presencia de lo
que el Código Penal conceptualiza como “concurso de delitos” (Art. 44 y 45) que
por ley ameritan una Sentencia Única (Art. 46), que no puede ser sino el
resultado de un juicio de responsabilidades.
7. ¿Por qué está volviendo el presidente Arce a los vericuetos
abogadiles pretextando búsqueda de justicia? ¿Por qué ahora sus fiscales
separan la supuesta sedición, conspiración y “golpe de Estado”, de los actos
supuestamente delictivos del “gobierno de facto” posteriores?
Está claro que el Gobierno del presidente Arce está urgido de un acto
visible, no de justicia, sino de revancha vengativa en contra de la
expresidenta porque requiere, a sólo cuatro meses de su instalación, urgentes
balones de oxígeno frente a los radicales del MAS, frente a sus detractores
internos de la antigua cúpula que lo tildan de pusilánime y que lo están
cuestionando camino al chantaje o la desestabilización.
8. Pero, sobre todo, necesita oxígeno frente a la mediocridad, la falta
de iniciativa y la inconsistencia de sus acciones de Gobierno, hasta hoy
incapaces no solo de enfrentar la crisis económica y social del país, sino de
mostrar algún signo visible de “retoma del proceso de cambio; por lo que
aparece como un Gobierno sin perspectivas de mediano plazo.
9. ¿El vicepresidente Choquehuanca estaba debidamente informado cuando
este sábado 13 señaló que en el caso de Áñez “...no es el odio el que impulsa
nuestros actos, sino una pasión por la justicia…”, copiando sin citarlo a
Marcelo Quiroga Santa Cruz que dijo eso mismo en el juicio de responsabilidades
contra Banzer?
10. Critiqué al Gobierno de Áñez precisamente por los abusos y no voy a
defenderlo ahora. Pero no puedo estar de acuerdo con este atropello y peor
cuando se lo hace a nombre de la justicia y contra la impunidad.
Hay que investigar todos los delitos que se hayan cometido, en la
jurisdicción que manda la Constitución, pero todos, no solo los del Gobierno
transitorio, sino los cometidos durante 14 años, los de atrás y de mucho más
atrás.
La venganza igual que la impunidad están muy lejos de la Justicia y de
la Democracia.
El autor es político ya abogado.
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