Déficit de Bs 1.200 MM ahoga a universidades públicas del país
El País
El Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) tiene
previsto, del 30 de noviembre al 1 de diciembre, realizar un congreso
extraordinario en Trinidad para debatir varios temas pendientes
Las 11 universidades públicas de Bolivia arrastran un
déficit económico de, aproximadamente, 1.200 millones de bolivianos esta
gestión, a consecuencia de la reducción de la coparticipación tributaria, las
regalías y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), entre otras fuentes
de ingresos. Esta situación pone en riesgo el pago de salarios de docentes y
trabajadores administrativos, así como las becas estudiantiles y la cobertura
de beneficios sociales.
Esta situación económica, por la que atraviesan las
universidades públicas en el país, la dio a conocer el rector de la Universidad
Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS), Eduardo Cortez, quien, además, puntualizó
que la universidad tarijeña requiere de al menos 62 millones de bolivianos este
año para cerrar el calendario académico.
El rector de la Universidad Técnica de Oruro (UTO), Augusto
Medinaceli Ortiz, indicó que la casa de estudios superiores de ese departamento
tiene un déficit que bordea los 75 millones de bolivianos, crisis económica que
pone en riesgo los salarios de octubre, noviembre y diciembre, en caso de no
recibir un apoyo del Gobierno Nacional.
Ante está situación, las autoridades universitarias de todo
el país solicitaron al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas una reunión
de emergencia para solucionar el déficit económico que tienen en estos
momentos, y así evitar la paralización de las actividades académicas, previstas
concluir a mediados de diciembre.
Entre tanto, el ejecutivo de la Confederación Universitaria
de Docentes (CUD) de las universidades públicas de Bolivia, Carlos Salinas,
señaló que las autoridades universitarias deberán trabajar en un plan para
solucionar la crisis económica, resolver a corto plazo la actualización del
escalafón docente, reducir el supernumerario de funcionarios y realizar una
mejor distribución del presupuesto en los programas académicos.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a partir del
próximo 19 de octubre, tiene previsto iniciar un cronograma de reuniones con
cada uno de los rectores, para analizar la situación económica de cada
institución académica, posteriormente se reunirá con todas las autoridades
universitarias en el mes de noviembre para ajustar los presupuestos y
solucionar el déficit económico, adelantó Cortez.
Cabe recordar que el
Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) está compuesto por
la Universidad Mayor San Francisco Xavier, de Chuquisaca; la Universidad Mayor
de San Andrés, de La Paz; la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, de Santa
Cruz; Universidad Mayor de San Simón, de Cochabamba; Universidad Tomás Frías,
de Potosí; Universidad Juan Misael Saracho, de Tarija; Universidad Técnica de
Oruro; Universidad Autónoma de Beni; Universidad Amazónica de Pando;
Universidad Nacional Siglo XX, en Potosí y la Universidad Pública de El Alto.
El CEUB convocó a congreso en noviembre
El Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) tiene
previsto, del 30 de noviembre al 1 de diciembre, realizar un congreso
extraordinario en la ciudad de Trinidad, departamento del Beni, con el objetivo
de analizar y modificar el estatuto orgánico del sistema universitario, regular
los cargos dirigenciales y evaluar la crisis económica de las universidades
públicas.
El representante del CEUB, Freddy Mendoza, indicó que este
congreso será importante para el sector universitario del país, porque
permitirá realizar varios ajustes al estatuto orgánico, con la finalidad de
mejorar la gestión dentro de las universidades, regular los cargos de
dirigentes dentro de los comités ejecutivos y federaciones, considerando que en
los últimos años se prorrogaron por varias gestiones.
Asimismo, explicó que varias universidades dieron algunas
propuestas, como la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz (UAGRM), que
plantea que la permanencia de un estudiante en las universidades estatales solo
sea de ocho años. Pero la autoridad sostiene que este tema será objeto de
análisis, porque hay personas que trabajan y estudian.
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