El 10 de junio el ministro Del Castillo dijo que había versiones "extraoficiales" de que llegaron armas letales en noviembre de 2019.
La exministra ecuatoriana de Gobierno María Paula Romo
aseguró que su nación no envío “armamento de guerra”, tal como lo había
señalado el ministro boliviano Eduardo Del Castillo. Eso sí, explicó que el
préstamo de gases lacrimógenos a Bolivia se dio en el marco de una cooperación
entre las policías.
“De ninguna manera se trata de material militar o de guerra,
porque la Policía de Ecuador no posee material de ese tipo”, declaró Romo a los
medios de su país.
El 10 de junio el ministro de Gobierno, Eduardo Del
Castillo, dijo que existía “información extraoficial” de que “por parte de la
administración de Lenín Moreno”, llegaron “municiones de alto calibre,
municiones de guerra”.
El 27 de mayo de 2020, Hernán Patricio Carrillo, quien fue
comandante de la Policía en el gobierno del expresidente ecuatoriano Lenín
Moreno, envió el oficio 289-CG-2020 al coronel José Luis Frías, entonces
agregado militar de Bolivia en Ecuador, para solicitar la devolución “del
material que fue entregado el mes de noviembre de 2019”.
La misiva detalla las cantidades que debían ser devueltas:
5.000 granadas de mano GL-30; 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37
milímetros; 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 milímetros y 500
granadas de sonido y destello para exteriores.
Por este caso, el legislador ecuatoriano Fausto Jarrín de la
coalición política de oposición Unión por la Esperanza, afín al expresidente
Rafael Correa, presentó una denuncia contra el expresidente de su país Lenín
Moreno, además de Romo, porque considera que este préstamo fue irregular.
El político dijo que la causa “se coordinará” con las
acciones judiciales con Bolivia. El lunes el presidente de la Cámara de
Diputados, Freddy Mamani (MAS), ya había anticipado “una coordinación” con
legisladores ecuatorianos frente a este caso.
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