El juez López Biscayart dejó el caso porque ya estaba
llevando una denuncia similar. Otro juez se hará cargo y si también renunciara
habría un conflicto que debería resolver la Cámara de Apelaciones en lo penal
Económico
Javier López Biscayart, juez argentino en lo Penal Económico,
dejó este lunes la investigación de la denuncia por contrabando contra el
expresidente de su país, Mauricio Macri, por el envío de municiones a Bolivia
tras la caída de Evo Morales, informó el diario La Nación. El caso quedará en
manos de su colega Alejandro Catania.
López Biscayart, según el mismo diario, dijo que durante la
feria judicial había tomado las primeras medidas de prueba en el expediente,
pero que una denuncia similar por los mismos hechos y con los mismos imputados
ingresó minutos antes en el juzgado de su colega. Por eso declinó la
competencia y envió el caso a Catania.
Ahora Catania puede aceptar la competencia o rechazarla, y
si sucede lo segundo, entonces se plantearía un conflicto que debería resolver
la Cámara de Apelaciones en lo penal Económico.
Según el magistrado, su causa se inició el 13 de julio de
2021 -a las 8:01-, por una denuncia presentada, mediante un correo electrónico
que ingresó a las 16:27 del día anterior, ante la Mesa de Entradas de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Era una denuncia de las máximas
autoridades de tres altas reparticiones del Poder Ejecutivo: los ministros
Sabina Frederic (Seguridad), Martín Soria (Justicia) y la titular de la AFIP,
Mercedes Marcó del Pont.
En tanto, la causa de Catania se sorteó el 13 de julio del
2021 a las 7:48. Esa denuncia, que fue presentada por el excamarista Eduardo
Freiler, ingresó mediante un correo electrónico que fue recibido por la Mesa de
Entradas del fuero el 12 de julio, a las 13:47.
En ambos casos interviene el fiscal Claudio Navas Rial, que
requirió investigar al denuncia y propuso las primeras medidas de prueba.
Navas Rial enumeró como imputados en el caso al expresidente
Macri y a sus exministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Oscar Aguad (Defensa).
También, al exembajador argentino en Bolivia Normando Álvarez García, al
exdirector de la Gendarmería Gerardo José Otero, al exdirector de Logística de
la Gendarmería Rubén Carlos Yavorski y al exdirector de Operaciones de esa
fuerza Carlos Miguel Recalde.
El fiscal circunscribió su requerimiento a delitos
vinculados con lo aduanero. No incluyó, a diferencia de lo planteado por el
Poder Ejecutivo, las figuras de malversación de caudales públicos, abuso de
autoridad ni “los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación
previstos en los artículos 219 y 220 del Código Penal de la Nación”.
Tampoco incorporó en su lista de imputados al excanciller
Jorge Faurie ni a los exdirectores Diego Dávila, de la Aduana, y Eugenio Cozzi,
de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), que sí integran la
nómina de los denunciados por el Gobierno.
El Gobierno acusó a Macri, tres de sus ministros y otros
exfuncionarios de haber enviado armamento a Bolivia, en noviembre de 2019, para
"consolidar la caída de Evo Morales y colaborar con las fuerzas armadas y
de seguridad en la represión de las protestas".
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