“Pedimos que todas las instituciones se rearticulen para que nosotros hagamos frente al trabajo incansable que realizamos, puesto que ahora contamos con la casa de acogida de la mujer para que las víctimas no estén andando sin rumbo, y puedan realizar la legalización de sus documentación para presentar al Ministerio Público hasta que pueda solucionar sus problemas”, dijo Llanos.
Asimismo dijo que, el pronunciamiento fue producto de la reunión que tuvieron en fecha 10 y 12 de agosto junto a las promotoras comunitarias, el cual expresa como voces y acción, para decir basta de violencia. La red nacional de promotoras comunitarias en prevención de la violencia, razón de género, es reconocida por la Ley 348 que aglutina mujeres de los 9 departamentos: La Paz, Oruro, Potosí, Santa Cruz, Beni, Pando, Cochabamba, Tarija y Chuquisaca, que luchan por una vida libre de violencia reunidas.
En el primer encuentro nacional en la ciudad de Yacuiba, existió un marco legal que reconoce los derechos de las mujeres refrendada por una normativa internacional suscrito por el Gobierno Nacional, sin embargo, se continua reproduciendo el abuso y maltrato de poder que se ejerce hacia la mujer, quitándole la vida por el solo hecho de ser mujer, según muestran los datos estadísticos a nivel nacional.
Así manifestó dijo que, informados por la Defensoría del Pueblo hasta el 6 de agosto del año en curso, existen 70 mujeres víctimas de feminicidio, 11133 casos en delitos enmarcados en la 348, ley integral para garantizar a las mujeres a una vida libre de violencia, según el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.
“Identificamos que las mujeres en situación de violencia, realizaron la denuncia ante instancias que deben dar cumplimiento al derecho a vivir una vida libre de violencia, en este contexto, nos declaramos en estado de alerta nacional y exigimos a las autoridades competentes, cumplan sus funciones para resolver los casos de vulneración de derechos de las mujeres, en especial los feminicidios que quedaron impunes y los culpables sean castigados como manda la normativa vigente con la pena máxima sin derecho a indulto”, manifestó Llanos.
Así también dijo que, exigen el acceso a la justicia con instrucción, evitando manipulaciones en el proceso con la transparencia e idoneidad que requiere que los procesos judiciales aplica la perspectiva de género por constituirse en un instrumento que busca la igualdad y el ejercicio pleno de los derechos, que desde los diferentes niveles de gobierno, se implementen políticas de prevención, atención, sanción y reparación con presupuesto reales y acordes para la lucha de la violencia.
Es por esta razón que este es el pronunciamiento ha nacido como una protesta de todas las promotoras comunitarias, tanto a nivel regional como a nivel nacional en esta oportunidad se ha dado la reunión en la provincia porque han sido declarada también la provincia con más actividad en cuestión de prevención. “Siempre nos ven a la plaza, en la tele, en las marchas porque a través de nosotras nos hacen poder a muchas mujeres, conocer sus derechos y pueden pelear por ellos”, expresó.
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