JUAN DEL GRANADO
“Han elegido a bolivianos que no son dignos de ser llamados jueces y
vocales”. La frase corresponde al Ministro Lima, al tiempo que anunciaba,
nuevamente, “juicio de responsabilidades” contra los magistrados del Tribunal
Supremo, magistrados “electores” de esa treintena de “indignos” vocales
departamentales cuya designación, finalmente, ha quedado sin efecto.
Ese fue el nuevo escandalete judicial de la semana, que grafica una
crisis que, más bien, no parece tener fondo y cuyo encaramiento no debe
postergarse.
La propuesta de reforma judicial vía referendo modificatorio de la
Constitución, promovido desde la sociedad y la gente, apunta a esa ciénega sin
fondo. Como ya se dijo, tres temas están planteados para la reforma
constitucional: la elección de los jueces supremos para garantizar
independencia, el presupuesto judicial y su administración para acabar con la
justicia “miserable”, y el acceso universal a la justicia para resolver
conflictos sin necesidad de jueces ni abogados.
He conocido tres criterios importantes, ahora que parece iniciarse el
debate: El primero, que “si se va a generar todo un referendo, no sea para
poco” ya que el problema de la administración de justicia va más allá del
Órgano Judicial, abarcando especialmente al Ministerio Público, al Régimen
Penitenciario, la policía de investigaciones y la Defensoría del Pueblo,
instituciones necesitadas también urgentemente de reforma. Coincido con la
dimensión de la problemática judicial y por eso considero, como otros abogados,
que debemos fijar el corto, el mediano y el largo plazo de la reforma, donde el
punto de partida sería una distinta manera de elegir a jueces, un presupuesto
digno y una verdadera justicia comunitaria, reformas, todas, a ser aprobadas
por referendo ciudadano que debe y puede inaugurar bien este largo camino
donde, además de la Constitución, tienen que reformarse leyes, instituciones,
formación académica de los abogados y la propia “cultura pleitista” de los
bolivianos. Ello podría dotarnos, como país, de una estrategia estatal de
transformación judicial más allá de los gobiernos, que es una de las carencias
centenarias que explican el pantano.
El segundo criterio es más político y por ello más integral. Se
considera que “no es este el momento, porque la gente está angustiada por la
salud y la economía”, que es lo que habría que atender también desde la
sociedad, como demanda, porque tampoco en ese plano se puede esperar nada del
Gobierno. Coincido que la pandemia ha cambiado la agenda y las prioridades
nacionales pero el virus ni ha sustituido los problemas, ni su solución
aparejará la de las otras problemáticas. Es más, varios expertos consideran que,
lograda la vacunación masiva, la inmunidad durará entre siete y 12 meses y
después tendrá que volverse a vacunar a todos. Tendremos que “acostumbrarnos”
al “coronavirus” y a una “nueva normalidad” dónde los problemas viejos, como la
justicia, no pueden esperar su encaramiento.
El tercer criterio es más concreto y es el de poner en marcha, de
inmediato, dos tareas en relación a la “reforma-referendo”: Avanzar en la
formulación de la propuesta técnica y, al mismo tiempo, iniciar la organización
de lo que debería ser una cruzada nacional por la justicia. Y son dos tareas
muy complejas. Por un lado, en el referendo, frente a las urnas, la población
debería tener propuestas y preguntas claras, sencillas y profundas, y por el
otro, se tiene que movilizar primero más de un millón y medio de firmas y
después lograr más del 51% de los votos.
Varios abogados de conocida solvencia profesional y personal han
comprometido su concurso y algunos núcleos organizados de la sociedad han
iniciado coordinación e intercambio de criterios para generar una base
organizacional que defina bien la agenda de esa cruzada nacional, con precisión
de actores, pasos y momentos que no deberían ir más allá del primer semestre de
2023, porque en el segundo semestre de ese año deberán producirse nuevas
“elecciones” judiciales que, sin reforma, repetirían la ya vieja práctica de
suplantación y manipulación del voto.
Coincido más con este tercer criterio, porque a partir de él podemos
efectivamente dimensionar mejor la problemática nacional de la justicia y, al
mismo tiempo, constatar si es o no el momento en el que la gente, abrumada por
la pandemia y las carencias materiales, tiene suficiente energía para batallar,
además, por la justicia, sabiendo que esa batalla es por la plena vigencia democrática.
Si no lo hacemos, es posible que se vuelvan a nombrar vocales indignos,
jueces con prontuario y que los juicios de responsabilidades anunciados se
conviertan, otra vez, en acuerdos oscuros de caballeros poco dignos.
El autor es político y abogado.
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