El vocero presidencial Jorge Richter admitió hoy que el Gobierno optó por la Ley del Censo para pacificar Santa Cruz que cumplió con 36 días de paro. Sin embargo, añadió que Luis Fernando Camacho, Rómulo Calvo y Vicente Cuéllar deben responder por la violencia, las muertes y por las pérdidas económicas que ascienden a 1.200 millones de dólares.
En el programa dominical de Bolivia TV fue consultado sobre el tema y explicó que desde noviembre “la violencia aumentó en la medida (de presión). El Comité Interinstitucional (Impulsor del Censo 2023) incrementaba la crudeza y luego de que hicieron abandono de la comisión técnica, esa misma noche atacaron Bella Vista y el Plan Tres mil. Se radicalizaron”.
Richter señaló que evaluaron la posibilidad de militarizar Santa Cruz y generar un estado de excepción, mientras que el otro camino era buscar una salida.
“El presidente Arce tomó la decisión, alejado de lo que de actores externos e internos opinaban, y optó por la pacificación”, dijo, según El Deber.
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