El Comité Interinstitucional Impulsor del Censo de Santa Cruz determinó convocar a una marcha para este viernes 9 de diciembre, en defensa de la protesta y de sus líderes, y ratificó su estado de emergencia. También instruyó a sus representantes denunciados, a causa del paro de 36 días, a no acudir a La Paz, por procesos abiertos en esa jurisdicción.
El presidente del citado comité, Vicente Cuéllar, dio a
conocer las conclusiones de la reunión que se realizó en instalaciones de la
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM).
La reunión fue convocada luego de que el fiscal general Juan
Lanchipa confirmó, en pasados días, que el Ministerio Público agrupó las
denuncias en contra del gobernador cruceño Fernando Camacho, del cívico Rómulo
Calvo y Cuéllar por cerca de una decena de delitos a raíz del paro de 36 días
que encabezaron, entre octubre y noviembre pasados, para exigir que el censo se
realice en 2023.
La marcha institucional fue convocada para el viernes en
defensa al derecho a la protesta, por la liberación de los presos por apoyar al
paro y en resguardo de líderes cruceños amenazados con procesos judiciales.
Ante el anuncio de Lanchipa sobre los procesos agrupados en
La Paz, el comité determinó que "ninguno de los acusados injustamente debe
acudir La Paz, siendo la jurisdicción natural el departamento de Santa
Cruz".
A su vez, instruyó la conformación de una comisión jurídica,
al margen de otras, para que presente demandas penales en contra de los
promotores al cerco a Santa Cruz y otras "acciones vandálicas de
atropello" a derechos de ciudadanos que cumplían el paro en sus rotondas.
El comité también determinó "exigir al Fiscal General
del Estado y al Órgano Judicial actuar de acuerdo a la Constitución y a las
leyes, que es lo que corresponde a un estado de derecho, y no actuar bajo
instrucciones del gobierno de turno para atropellar derechos
fundamentales".
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