El presidente peruano Pedro Castillo aseguró ayer que completará su período constitucional de gestión, que culmina en 2026, en respuesta a la decisión del Congreso de debatir su destitución del cargo la próxima semana.
“Frente a la pretensión de algunos sectores políticos de
intentar quebrantar el orden constitucional y la voluntad popular expresada en
las urnas, ratifico que nada impedirá que sigamos al mando de la nación hasta el
último día de nuestro gobierno, el 28 de julio del año 2026”, dijo en un acto
transmitido por la televisión estatal.
Tercer proceso
El mandatario izquierdista, que asumió en julio de 2021,
enfrentará el miércoles próximo un tercer proceso de destitución por parte del
Congreso, dominado por la derecha.
La moción de vacancia (destitución), impulsada por el
legislador independiente Edward Málaga, pide que Castillo sea destituido por
una presunta “permanente incapacidad moral” para seguir en el cargo que asumió
el 28 de julio de 2021.
En el documento presentado por Málaga, de más de 100
páginas, se asegura que “resulta inaceptable que un presidente ejerza el cargo
en medio de fuertes indicios de corrupción, grave indignidad, o
cuestionamientos morales y éticos”.
Para remover a un presidente la Constitución de Perú exige
87 votos, una cantidad que no dispone la oposición en el Parlamento.
“No pasarán ni las actitudes antidemocráticas ni los
intereses mezquinos y subalternos”, afirmó Castillo, y dijo “confiar” en que
“los sectores democráticos del Congreso, así como las fuerzas sociales, se
pondrán del lado de la institucionalidad y la gobernabilidad”.
Crisis política
Un 70 por ciento de los peruanos rechazan la gestión del
mandatario, según sondeos, pero el desprestigio del Congreso es aún mayor, ya
que 85 por ciento de los ciudadanos tienen una opinión negativa de la
institución.
Castillo denunció en octubre “un golpe parlamentario en
marcha” y pidió la intervención de la Organización de los Estados Americanos (OEA),
mientras que el jefe del Congreso, José Williams, acusó al presidente de querer
disolver el Parlamento.
Horas antes que el Congreso apruebe debatir la destitución,
el grupo de alto nivel de la OEA que evalúa la crisis peruana recomendó “una
tregua política de 100 días” mientras se busca “encauzar un diálogo formal” en
la sociedad para alcanzar una salida a la pugna entre Ejecutivo y Legislativo.
Castillo subrayó que su Gobierno “acoge ese llamado” del
bloque hemisférico y que está “dispuesto a concertar y a buscar los consensos
necesarios para sacar adelante al país”.
El Congreso refuerza su presión sobre el Ejecutivo
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso
peruano aprobó ayer el informe que propone admitir a trámite cinco denuncias constitucionales
contra el presidente del país, Pedro Castillo, el ex primer ministro Aníbal
Torres y otros integrantes de su gabinete.
En una sesión del grupo parlamentario, los legisladores
aprobaron el informe de calificación por 14 votos a favor y 5 en contra.
Las denuncias comprenden la presunta infracción
constitucional de Castillo y varios ministros y exministros por presunta
desobediencia a la autoridad, falsedad ideológica, omisión de deberes
funcionales y coacción, entre otros.
El trabajo de esta subcomisión sigue en paralelo a la moción
de destitución del presidente Pedro Castillo que el pleno del Congreso aprobó
el jueves en la noche.
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