La Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) sesionó este viernes por la tarde para tratar el documento final del Presupuesto Operativo Anual (POA) 2023 del Gobierno Departamental, que fue considerado previamente por la Comisión de Economía y Finanzas.
La sesión ordinaria se extendió por más de ocho horas en el hemiciclo, que estuvo asediado por organizaciones sociales como los regantes, personas con discapacidad, campesinos y plataformas por los derechos de las mujeres que estuvieron acompañadas por autoridades del Movimiento Al Socialismo (MAS), antes de irrumpir por la fuerza en el edificio institucional.
A pesar de la ampliación del plazo para presentar el POA ante el Ministerio de Economía y Finanzas, hasta el viernes 16 del mes en curso, el presupuesto para la siguiente gestión fiscal se cerró de la siguiente manera:
La partida de inversiones absorberá Bs 373,197,814.88, de ellos, cerca de 74 millones estarán orientados a proyectos, 171 millones a programas, 125 a transferencia de capital y 3 millones a activos financieros. En ese orden, los gastos de funcionamiento representan Bs 84,4 millones.
Como tercer grupo del presupuesto, el servicio a la deuda se llevará Bs 116,6 millones, mientras que las transferencias corrientes están enmarcadas en Bs 128,4 millones.
En total, el monto preciso del POA 2023 es de Bs 702,784,367.50.
El presidente de la Asamblea Departamental, José Luis Ferreira, recordó que como ente Legislativo el deber era cumplir con la aprobación puesto que ya el Ejecutivo llevó adelante la socialización y ahora tiene que derivar el documento al nivel nacional.
Disposiciones
Para atender las peticiones de sectores sociales que incluso participaron de la sesión a través de sus voceros, Ferreira acotó que se incluyeron disposiciones como la recomendación al Ejecutivo de incrementar recursos para la canasta alimentaria de personas con discapacidad, gestionar financiamiento para ejecutar la segunda fase de las presas de Huacata, Calderas, El Molino y Sella Rumicancha.
También que se ponga en funcionamiento para la Casa de la Mujer en Entre Ríos, reducir los gastos del programa de fortalecimiento institucional e incrementar la asignación de recursos para la lucha contra la violencia hacia la mujer.
El Periódico
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