Luego de una serie de suspensiones de audiencia y la presentación de múltiples recursos por parte de la defensa, las autoridades del Tribunal de Sentencia Primero de Villa Montes dictaron una condena de 15 años de cárcel para el militar José Montejo Neira que fue hallado culpable de la violación grupal en contra de una menor de edad en 2008 en Yacuiba.
El coordinador nacional de Derechos Humanos, Hugo Iriarte, informó que la resolución establece que el sindicado cumpla su sentencia en el penal de Palmasola, en Santa Cruz. Previamente estaba recluido en Morros Blancos con detención preventiva.
Antecedentes
El hecho corresponde a un caso de violación en la que habrían participado cuatro militares que en 2008 cumplían funciones en la Escuela de Cóndores. Entonces la víctima tenía 12 años y vivía con su abuela en un hostal, en el que uno de los involucrados se alojaba frecuentemente.
El militar inicialmente fingió tener la intención de establecer una amistad con la menor para ganarse su confianza. Luego la atacó junto a sus tres camaradas.
Irregularidades en el proceso
Iriarte cuestionó que la investigación haya demorado 12 años para que exista avances. En abril se logró la captura de los sindicados y uno de ellos de nombre Gabriel Hinojosa Castellón en abril ya recibió una sentencia de 15 años, aunque su defensa presentó una apelación aún por resolverse.
Particularmente en el caso de Montejo Neira, el activista de Derechos Humanos criticó que durante todos estos años haya podido continuar como funcionario de las Fuerzas Armadas, ascendiendo de rango hasta que llegó a ocupar un puesto importante en Montero, donde radicaba hasta su captura en abril.
Además, dijo que el equipo de defensa que el sujeto contrató, a la cabeza de Gilbert Muñoz, se valió de múltiples “chicanerías” para retrasar el caso e incluso pedir su anulación, logrando dilatar el juicio que inicialmente estaba programado para fines de mayo.
El día de la audiencia la defensa presentó un recurso de actividad procesal defectuosa para anular la causa, argumentando que se habían vulnerado sus derechos al no haber sido notificado oportunamente sobre la investigación. Pero Iriarte aseveró que la Sala Penal Primera negó el pedido porque sí se había cumplido el debido proceso.
“Indicaban que no había sido notificado y el acusado desconocía el proceso. El juez de garantías ha verificado que el militar en su momento fue a sacarse una prueba de ADN y se le ha puesto en conocimiento, además se le asignó un defensor de oficio e incluso se han publicado edictos. Les ha negado la petición y resolvió la inmediata instalación del juicio”, detalló, al mencionar que luego el sujeto presentó un amparo y más de un pedido de cuarto intermedio.
El País
No hay comentarios.: