Cada día Maider Toledo Cárdenas recibe dos denuncias de violencia. A sus 25 años, ella ya está acostumbrada a lidiar con estos problemas y además, es también víctima de amenazas e insultos por hacer su trabajo.
“La incidencia de violencia en nuestro municipio de Villa Montes es elevada y alarmante. Al tratarse de un municipio relativamente pequeño en relación con otros municipios, con 52.000 habitantes aproximadamente, tenemos un reporte de dos casos diarios de denuncias por violencia familiar psicológica, violencia y agresiones sexuales”, cuenta la mujer que lidera el equipo del Servicio Legal Integral Municipal (Slim).
Toledo tiene una colección de casos y los que más le llaman la atención son aquellos en los cuales las mujeres han pasado varios años en silencio y tan sólo después se deciden por denunciar. “El otro día atendí el caso de una señora que no quería denunciar a su marido porque él trabaja. ‘Tengo mis wawitas chiquititas, mi hija está estudiando una carrera cara, si yo lo denuncio, él no va a querer ayudarme con los gastos de mi hija’, me dijo”.
El día de la denuncia, la señora tenía uno de los ojos verdes y no quería ir al forense, entonces el equipo del Slim tuvo que hablarle, recordarle lo importante que es y subirle la autoestima, lo que en el último tiempo se denomina “empoderar”.
Hasta entonces, ella vivía dependiendo de la voluntad de su esposo. “El marido jamás en su vida la dejó ponerse un método anticonceptivo porque le indicaba que si ella quería cuidarse o no quería tener hijos o no quería tener relaciones sexuales era porque ella ya tenía otra pareja. Él le indicaba que ya tenía sus amantes y lo hacía con palabras denigrantes. Ninguna mujer merece ser tratada de esa forma”, rememora la psicóloga Toledo.
La mujer fue al médico forense, le dieron 12 días de baja y denunció a su marido. Se temía lo peor porque en una golpiza anterior su marido le rompió una costilla. Ahora está separada del agresor, quien al mismo tiempo es el padre de sus cinco hijos.
Pero no todos los casos tienen un final “conciliador”, al menos no para Toledo y su equipo de trabajo. A ellas las insultan y las amenazan con golpearlas. No son los agresores de las mujeres quienes las hostigan, son los familiares de los violentos que de una u otra manera quieren vengarse o sacar cara por su ser querido. “Ya estoy, estamos, acostumbradas”, comenta ella.
Toledo cuenta que cuando trabajaba en la Defensoría del Pueblo de San Ignacio le amenazaron con “macumbearla”, pero eso no le impidió seguir con su oficio. Tener miedo es un lujo que no se puede dar. “Sabemos que estamos expuestas a eso”, comenta la mujer que es mamá de un niño de tres años y medio.
Lo que molesta es el trabajo del Slim. “Cuando un caso ingresa al Ministerio Público, la fiscal ordena que se realicen medidas de protección para que el agresor no se acerque más a la víctima. Se evita que otras personas aledañas al agresor insulten y molesten a la víctima. Ese es el seguimiento que hacemos. Con la trabajadora social y la psicóloga nos trasladamos hacia el domicilio de la víctima y ahí preguntamos si es que ha tenido contacto con el agresor, si es que alguien cercano (una mamá, una tía) hubiese tratado de intimidarla o tratado de chantajearla o manipularla para que desista de la denuncia”.
Este seguimiento les gana amenazas, pues el grupo de mujeres liderado por Toledo, no deja a las víctimas solas.
Villa Montes, es una tierra violenta con los seres menos fuertes: mujeres y niños. Maiby Durán Jerez es responsable de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en Villa Montes, cuenta que en un año recibió más de 2.000 denuncias. La psicóloga afirma que la pandemia ha afectado mucho a las familias en cuanto a la economía y que la convivencia ha sido difícil.
Aracely Reyes, directora de la unidad de Género y Generacional de la Alcaldía de Villa Montes, cuenta que el chaqueño en su gran mayoría es machista. “Últimamente, lo que se ha normalizado es la violencia psicológica, justamente por el machismo del hombre; en tanto que la mujer del campo es sumisa y suele callar cuando le pasa algo”.
Se decidió cortar el problema de la violencia de raíz: ir a los barrios y hablar con las mujeres para que conozcan sus derechos.
La organización Ayuda en Acción junto con la Alcaldía generó jornadas de capacitación en los barrios para hacerles conocer sus derechos, enseñarles cómo se debe denunciar y la importancia de no permanecer en silencio.
Allí se escogió a lideresas para identificar y ayudar a las mujeres agredidas. Una de ellas es Carla Jimena Moreno, de la comunidad de Puesto Uno.
Ella está encargada de levantar un censo comunitario en el cual se dé a conocer la situación de las familias en su zona. “Yo no quiero que sufran mis mujeres de Puesto Uno. Yo sé que hay violencia y se callan. Acá tenemos el caso de una señora que lamentablemente no pone un alto y no quiere divulgar a nadie lo que pasa y ¿quién sufre? La madre que se lleva los puñetes y las patadas”.
Hace un tiempo que se realizan talleres barriales en los cuales se habla sobre violencia de género. Los eventos son impulsados por Ayuda en Acción en tierra villamontina.
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