Cuando se escucha la frase “libertad de expresión”, muchos piensan que es un derecho que aplica sólo a periodistas. Pero no. La libertad de expresión es un derecho fundamental del ciudadano para expresar sus pensamientos, demandas, ideas u opiniones sobre cualquier tema de interés público, sin temor de alguna censura o sanción.
En Bolivia, la Constitución Política del Estado (CPE) reconoce la libertad de expresión en su artículo 106 parágrafo II, donde señala: “El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información”; asimismo, la Ley de Imprenta sustenta el ejercicio de estas libertades, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, además de otros convenios internacionales vigentes.
En teoría, vivir en democracia debería garantizar la libertad de expresión. En este 2021 fue muy común escuchar voces, especialmente de las organizaciones de prensa, que decían: “Sin libertad de expresión, no hay democracia”, o viceversa: “No hay democracia sin libertad de expresión”. Y sí, los hechos demuestran que no fue un buen año de la libertad de expresión para los medios de comunicación.
Detengámonos un momento a recordar algunos hechos que sustentan esta afirmación:
El 21 de septiembre, en medio de la cobertura del conflicto cocalero en La Paz, el periodista Carlos Quisbert fue agredido, gasificado y detenido por más de cinco horas en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). Durante esa jornada, el periodista realizaba su trabajo cuando un efectivo, en motocicleta, lo empujó y entre varios policías le propinaron una golpiza y le echaron gas lacrimógeno en el rostro, según detalla la nota de prensa de Página Siete de fecha 24 de septiembre.
El 18 octubre, Abecor, el caricaturista de Página Siete, fue atacado por haber dibujado una caricatura que aludía al procurador del Estado, Wilfredo Chávez. Abecor recibió amenazas de muerte desde cuentas anónimas, de acuerdo a nota publicada el 20 de octubre por Página Siete.
El 8 de noviembre, las periodistas de Bermejo Tarija, Sandra Calapiña y Reyna Caucota, fueron cuestionadas por el presidente del Comité Cívico Juvenil, Elías Cruz, quien en aparente estado de ebriedad, desprestigió el trabajo periodístico de ambas comunicadoras, de manera pública, según se puede ver en el video publicado en la página Facebook de Visión del Sur, el 8 de noviembre.
El 26 de noviembre en la población de Ayo Ayo (La Paz), el ex presidente Evo Morales lanzó advertencias a “algunos medios”, culpándolos de difundir “mentiras” e “intrigas” sobre la marcha que lideraba hacia la sede de gobierno desde Caracollo, detalle que se encuentra en la nota publicada por El Deber el 27 de noviembre.
A estos hechos se podrían mencionar varios más como lo ocurrido recién en las manifestaciones en apoyo y rechazo a la Ley N° 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, donde se evidenció agresiones y amedrentamientos a periodistas de Oruro, Potosí, Santa Cruz y Tarija. Ante ello, no se dejaron esperar las diferentes manifestaciones y pronunciamientos de las organizaciones de la prensa, como es el caso de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), que repudió las agresiones físicas, verbales y psicológicas que sufrieron los periodistas.
La libertad de expresión es la columna vertebral de nuestro sistema democrático y es inconcebible imaginar una vida sin ella, en el marco de la democracia constitucional que vivimos las y los bolivianos, así como es inconcebible pretender aceptar que, a título de “libertad de expresión”, se puedan vulnerar otros derechos humanos. La democracia se construye en la aceptación y convivencia, respeto y tolerancia entre diversos.
Lo vivido el 2021 con relación a las vulneraciones ejercidas contra la libertad de prensa, debe llamar a una profunda reflexión de los actores políticos y de la ciudadanía en general para preservar y resguardar uno de los pilares esenciales de toda sociedad democrática como lo es la “libertad de expresión”.
Definitivamente, sin libertad de expresión no hay democracia. Es un derecho universal y es obligación de todas y todos garantizar el libre trabajo de los medios de comunicación, indispensables en una convivencia democrática.
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