Otros de los programas que están en riesgo de quedar sin movimiento es el que permite el funcionamiento del hospital Fray Quebracho y las atenciones del Covid-19; además, están también en vilo los recursos para la atención de los sectores vulnerables en los hogares y albergues del Servicio Regional de Gestión Social (Sereges).
En síntesis, la entidad pública regional no podrá hacer revisar los procesos correspondientes para cumplir con sus obligaciones adquiridas, además de ser sujetos a procesos por ocasionar la paralización de los proyectos de inversión.
Según Henry Subelza Vallejos, secretario de Energía y Minería de la CSUTCB, entre otras observaciones, que hicieron las organizaciones sociales en la sesión, es que no respetaron el techo presupuestario dispuesto para el 2022 y mantienen el monto que fue programado para este año, sin tomar en cuenta que los ingresos se redujeron drásticamente y que es necesario ajustarse a una política de austeridad.
Otra de las consecuencias por las que no están de acuerdo es que los proyectos programados para el sector campesino están en riesgo de perderlos, por este motivo asistieron a la sesión, logrando consensuar una reunión para resolver el tema con las dos entidades involucradas.
Uno de los motivos por el que no habrían procedido a aprobar el POA-2022, sería el incumplimiento de los plazos, que fenecían el 9 de agosto; sin embargo, este periódico indagó en la misma Asamblea y pudo recabar la información de que el proyecto de POA de esa entidad fue presentada recién el 27 de agosto.
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