Activistas
hicieron conocer que se habría cerrado la causa sin que se presente una
imputación formal, por lo que existe la posibilidad que el sacerdote denunciado
retome sus funciones
A más de seis meses de hacerse
pública la primera “confesión” que relataba actos de acoso sexual cometidos por
un sacerdote identificado como “Padre Coco” (J.L.M.V.), quien cumplía funciones
en la Universidad Católica Boliviana (UCB), los colectivos activistas en
defensa de los derechos de la mujer señalan que el Ministerio Público habría
rechazado la denuncia, a pesar de que la institución comprometió una
investigación a fondo y que incluso la entidad educativa lo alejara
definitivamente del cargo.
“Una vez más la justicia da un
mensaje de impunidad para los agresores y violentos, vemos un actuar de
complicidad (…) Realmente nos preocupa que no podemos confiar en la justicia y
que constantemente tenemos que hacer seguimiento a estos casos para
cerciorarnos que se cumplan los procedimientos, porque el sistema judicial
actúa de manera parcializada”, declaró Daniela Rodríguez en representación del
colectivo Ivaginarias.
El 22 de julio el fiscal
departamental, Wilson Tito Torrez, aseguró que la institución pondría sus
mejores oficios y que en caso de encontrarse elementos probatorios “la Fiscalía
va a tomar las acciones que el caso amerite, siempre cumpliendo su rol en
defensa de la sociedad”.
Al conocerse que se habría
cerrado el caso, Rodríguez señaló que se exige que se dé un informe
pormenorizado sobre las actuaciones realizadas y los motivos para que el mismo
no prospere.
“Sabemos que había una denuncia
formal. Exigimos que la Fiscalía dé un informe de este caso”, agregó a tiempo
de cuestionar que desde las instancias promotoras de denuncia tampoco se haya
dado el respaldo suficiente a las víctimas y exista el riesgo de que el
sindicado pueda retomar sus actividades clericales.
Antecedentes
El 8 de marzo de esta gestión
salió a la luz la primera denuncia mediante la página de Facebook
“Confesionario UCB”, se trata de la Confesión 117 en la que una exestudiante
relató haber sido víctima de acoso por parte del sacerdote cuando era su docente
en la materia de Cristianismo.
Posteriormente, surgieron al
menos otras cinco denuncias en las que las que mujeres dan testimonio sobre
agresiones similares. En la mayoría de estos casos, el sindicado habría
intentado aprovechar de su cargo como docente y responsable de la Pastoral,
situación que le daba poder sobre el manejo de sus notas y acceso a becas.
Al conocer la denuncia, la UCB
suspendió temporalmente al sujeto y luego de una investigación el Tribunal
Administrativo de Tarija determinó su alejamiento definitivo. Aunque él habría
intentado apelar el dictamen, desde el nivel nacional se ratificó su despido
mediante una resolución firmada por el vicerrector administrativo financiero,
Antonio Jordán Jimeno, donde se calificaba el comportamiento del Padre Coco
como “inaceptable e inapropiado desde todo punto de vista”.
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