El secretario de Gestión Institucional del Gobierno Regional, Miguel Salazar informó a El Andaluz que la semana pasada enviaron una nota al Gobierno Departamental para reanudar los trabajos, pero no recibieron aún una respuesta.
La autoridad indicó que en el transcurso de esta semana se reiterarán las notas al Gobierno Departamental y también enviarán una nota al Gobierno nacional para solicitar que la reunión de conciliación de cuentas se pueda realizar en la ciudad de La Paz.
Salazar dijo que el Chaco ya tiene las cuentas claras sobre la deuda que tiene la Gobernación de Tarija con el Chaco, que además, del IDH y las regalías también se tiene una deuda por Servicios Eléctricos de Tarija y la Empresa Tarijeña del Gas (Emtagas), empresas que deben ser transferidas a la Región Autónoma.
Remarcó que sólo de las empresas públicas la Gobernación adeuda más de 350 millones de bolivianos, de Setar son más de 190 millones de bolivianos y de Emtagas alrededor de 178 millones de bolivianos.
Más la deuda de IDH y regalías que ascendería a los 117 millones de bolivianos, de acuerdo a los datos del Gobierno Regional del Chaco, la Gobernación de Tarija le adeudaría más de 470 millones de bolivianos en total.
Señaló que el Gobierno Departamental en base a las actas y al compendio normativo debe dar estricto cumplimiento.
La autoridad dijo que agotarán todas las instancias necesarias para la conciliación de cuentas , pero aclaró que hay una consumación de delitos, como incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, atentado contra la salud pública, entre otros, por aprobar un Plan Operativo Anual 2022 (POA) sin asignar el 45% del IDH para el Chaco.
Anunció que en base a lo mencionado se iniciará una acción penal en contra de autoridades departamentales, en cumplimiento a la Ley departamental 129 y 149.
Recordó que el POA tuvo que ser corregido a través de un convenio intergubernativo para asignar el 45% del IDH al Chaco.
Miguel Salazar hizo referencia a las declaraciones del asambleísta departamental Mauricio Lea Plaza, vicepresidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), quién denunció que se vulneró la autonomía al modificar el presupuesto del departamento en la Ley financial por parte del Gobierno nacional.
La autoridad chaqueña le dijo a Lea Plaza que si considera que existe vulneración debería seguir las acciones legales que considere necesarias, reiterando que el Chaco iniciará las acciones penales en contra del gobernador Oscar Montes y en contra de legisladores departamentales.
Convenio
De acuerdo al convenio firmado en diciembre pasado en la ciudad de La Paz entre el Gobierno Departamental y el Gobierno Regional a partir de este año la Gobernación de Tarija tendrá que transferir el 45% del IDH al Chaco.
El Chaco con estos recursos tendrá que asumir obligaciones nacionales concurrentes, como lo hacía hasta entonces el Gobierno Departamental, como el pago de prediarios, título de bachiller, bono vacunación.
Salazar indicó que el Chaco asumirá esas obligaciones siempre y cuando se tenga la transferencia de las competencias al Gobierno Autónomo Regional desde la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia (ALPB), es decir a través de una ley nacional.
Recordó que en la mesa de trabajo en diciembre pasado con el Ministerio de Justicia el secretario de Gestión Institucional del Gobierno Departamental de Tarija, Jorge Bacotich y el asesor de la Asamblea Departamental solicitaron al gobierno que el Chaco asuma responsabilidades que son de competencia nacional y concurrentes.
Reiteró que aguardarán una respuesta del gobernador para la reunión de conciliación de cuentas, pero también reiteró que se enviarán las notas a los ministerios cabeza de sector.
“Montes es mentiroso, mitómano al igual que Mauricio Lea Plaza que pretenden desinformar a la población”, expresó.
Recordó que el Gobierno Departamental una vez que reciba recursos del IDH tiene 72 horas para transferir el 45% al Chaco, caso contrario se procederá con el débito automático.
Indicó que el convenio firmado el año pasado fue remitido a la Asamblea Departamental para su homologación, pero estaría siendo observado la figura del débito automático.
La autoridad fue clara al señalar que no permitirán que el Gobierno Departamental pretenda retener recursos que corresponden a la Región Autónoma.
Explicó que para que el Chaco asuma obligaciones de competencia nacional, se debe transferir esas competencias.
Toda nueva competencia tiene que ser asignada con su fuente de financiamiento, expresó.
El secretario de Gestión Institucional del Chaco dijo que ellos tienen las cuentas claras, pero los que no tienen las cuentas claras y pretenden que el Chaco asuma otras obligaciones son autoridades del Gobierno Departamental.
Salazar dijo que no se puede ir en contra de la normativa vigente, la Ley financial y una ley departamental, asegurando que no existe normativa alguna que obligue al Chaco a asumir obligaciones de competencia nacional, por lo remarcó que se requiere de una ley nacional que transfiera las competencias.
“La pretensión de Oscar Montes esta fuera de toda lógica y de todo criterio. Todo funcionario público debe dar estricto cumplimiento al ordenamiento jurídico”, apuntó.
Dijo que pretenden que la Región Autónoma del Chaco vulnera las normas para cumplir con obligaciones que no han sido transferidas.
Salazar indicó que las acciones no fueron muy dinámicas en las primeras semanas del año, debido a que la pandemia del covid 19 golpeó al Gobierno Regional y varias autoridades y funcionarios dieron positivo.
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