Esta Navidad, muchas familias brindarán con vino de contrabando, pues en el mercado nacional 4 de cada 10 bebidas ingresa ilegalmente. Esta situación afecta a las industrias vitivinícolas del país, que redujeron su producción en 30 por ciento y reportan pérdidas anuales de 350 millones de bolivianos.
Según el gerente de la Asociación Nacional de Industriales
Vitivinícolas (ANIV), Fernando Galarza, la devaluación de la moneda argentina y
la crisis económica en ese país provoca que el ingreso de bebidas alcohólicas
de contrabando se incremente por todas las fronteras de Bolivia.
Sin embargo, dijo que la situación tiene cierta
particularidad en los límites con Argentina, por donde ingresa casi la totalidad
del vino ilegal.
Las fábricas de vino nacional tienen la capacidad para
producir 20 millones de litros al año, esa cifra se alcanzó en 2019, pero en
2020 y 2021 se redujo a 14 millones de litros.
“No hemos alcanzado los niveles de 2019. La situación es
difícil, no se puede competir con los precios de un producto de contrabando,
que es mucho más barato y no paga impuestos. Se afecta toda la cadena
productiva, el Gobierno también pierde porque no cobra impuestos”, dijo
Galarza.
El contrabando de la bebida se incrementa cada año y con esa
tendencia se espera que en unos años la mitad de los vinos que se vende en el
país sean de contrabando.
La situación ha causado crisis en las 68 bodegas afiliadas a
la ANIV. Otras bodegas pequeñas, que son las más afectadas, están al borde la
quiebra. El 76 por ciento de las industrias vitivinícolas están en Tarija.
Galarza indicó que hay bodegas que cerraron entre 2020 y
2021, pero no se tiene el dato exacto.
La producción de vino genera más de 5 mil empleos directos en
el país y es el segundo rubro económico más importante del sur del de Bolivia,
sólo es superado por la producción gas.
La reducción en las ventas provocó un descenso del 30 por
ciento en la producción, puesto que se tiene una gran cantidad de bebida estocada.
La reducción en la producción de vino también afecta a las
familias productoras de uva, debido a que en 2022 la compra de la fruta caerá
en más de 30 por ciento.
Hasta 2015, la comercialización y la producción de vinos y
singani movía 140 millones dólares, pero las ventas comenzaron a caer desde
2016 y en 2020 el sector fue duramente afectado.
Luis Pablo Granier, presidente de la ANIV, estima que
actualmente toda la cadena productiva vitivinícola mueve al menos de 100
millones de dólares.
“No nos hemos recuperado, los números de venta de 2021 son
muy similares al de 2020. La causa es el contrabando: 4 de cada 10 botellas de
vino en Bolivia son de contrabando, eso nos afecta”, indicó.
El precio de un vino argentino de contrabando en el mercado
nacional es 50 por ciento menor al de un vino nacional. A eso se suma que entre
el 35 y 40 por ciento del costo de la producción del vino nacional va al pago
de impuestos.
“Con una carga tributaria tan alta y el costo del producto
del contrabando a la mitad, es imposible que la industria nacional crezca. El
Estado quiere sustituir las importaciones, pero no hay apoyo a las industrias y
tampoco hace más difícil el contrabando. Yo no sé cuánto más va a aguantar la
industria”, lamentó Granier.
El ejecutivo de ANIV indicó que tuvieron reuniones con los
ministerios de Economía y Desarrollo Productivo para solicitar acciones más
efectivas contra el contrabando, pero no hay buenos resultados.
“A pesar de que hay un Viceministerio de Lucha Contra el
Contrabando, no hay quién tome responsabilidad sobre el tema; el Gobierno
quiere que la solución venga del municipio y no hemos recibido la atención
necesaria”, dijo.
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