11 de los 20 candidatos gubernamentales trabajan o trabajaron en la Contraloría. Siete trabajan para el Estado y solo cuatro son del ámbito privado
Este domingo, la comisión mixta de Planificación Económica de la Asamblea publicó las hojas de vida de los 30 candidatos a Contralor General del Estado, la revisión de documentos permitió conocer que cerca del 70% de los candidatos que se presentaron son funcionarios públicos y la mayoría de ese porcentaje corresponde a empleados de la misma Contraloría. EL DEBER revisó los 30 currículums de los candidatos y sistematizó los datos que presentaron los propios postulantes. Hay cuatro docentes universitarios, tres candidatos que trabajaron con gobiernos municipales y cuatro se desempeñaron en el ámbito privado. Olga Edith Suárez Jiménez es auditora, actualmente ocupa el cargo de subcontralora del nivel central jerárquico desde 2021. Ocupó distintos cargos en esa repartición desde 2004 y fue escalando en los cargos. Sandra Quiroga Solano, actualmente se desempeña como subcontralora de gobiernos departamentales. Se desempeñó en distintas funciones desde que la institución se denominaba Contraloría General de la República. Carmen Rosa Ortiz Cerezo de Araoz, es otra de las candidatas que ocupó cargos jerárquicos en la Contraloría. Fue gerente departamental de Tarija hasta 2018, desde entonces está en la función privada. Samuel Maldonado Condorena es economista de profesión y se desempeña actualmente como gerente departamental de Oruro desde el 17 de junio de 2019. Fue uno de los funcionarios de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, cuando el excontralor, Gabriel Herbas era diputado.
Jaime Prudencio Gutiérrez Guzmán, es abogado y auditor, actualmente trabaja en la Contraloría General del Estado (CGE) como gerente principal de auditoría. Su función es el control de recursos del Estado en las entidades públicas.
Edino Claudio Clavijo Ponce, es abogado, ingresó a trabajar a la Contraloría en 2007 como supervisor, fue promovido y actualmente ocupa el cargo de subcontralor de servicios legales desde el 23 de octubre de 2012 a la fecha.
Ana María Chuquimia Quispe es auditora. Ingresó a la Contraloría en 1995 como becaria, a partir de ahí fue ascendiendo y desde enero de 2016 trabaja como supervisor B y eventualmente desempeñó el cargo de gerente de auditoría interna.
Benedicto Marcos Apaza Vargas, según sus documentos tiene una experiencia de 24 años como auditor. Trabajó en la Contraloría hasta 2017, cuando se desempeñó como subcontralor de auditoría externa en autonomías constitucionales.
María Teresa Valdez de Candia, trabajó en la Contraloría desde la antigua entidad, ingresó en 1993 y en 2006 llegó al cargo de gerente principal de auditoría externa. Trabajó en el Ministerio de la Presidencia como directora general de Asuntos administrativos, cargo en el que permaneció hasta 2016 para luego pasar a ser Superintendente de Administración y Finanzas. Entre 2018 a 2020 fue cónsul de Bolivia en Washington. Retornó en 2021 para ingresar a la Cancillería y actualmente ocupa el cargo de directora nacional de administración y finanzas del Servicio General de Identificación Personal (Segip). Así, lleva “45 años de experiencia en el servicio público”, señala su hoja de vida.
Otros dos candidatos, Cristian Butron Claure y Roy Ancasi Colque, se vincularon a la entidad en años anteriores, como funcionarios o capacitadores.
Sin embargo, no solo hay trabajadores de la Contraloría, hay otros ocho funcionarios públicos que trabajaron en oficinas del Gobierno. Francisco Javier Bravo Serrano, abre el grupo de funcionarios gubernamentales, actualmente es jefe de auditoría interna del Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo (Fondesif) desde noviembre de 2021 a la fecha. Pero trabajó antes en Ademaf, el Fondo de Desarrollo Indígena, en la Autoridad de Fiscalización del Juego, en Sergeomin, en el Ministerio de Planificación del Desarrollo y en una superintendencia.
Gerardo Rojas Aliaga es auditor. Fue responsable Nacional de tesorería y presupuestos en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) desde julio de 2020 a mayo de 2021. Antes fue coordinador financiero en el Colegio de Auditores de La Paz
Miguel Marañón Urquidi es economista. Trabaja en el Ministerio de Economía, es profesional 1, analista presupuestario de entidades territoriales autónomas y trabaja en esa cartera de Estado desde 2017.
Filomena Ingala Callex es auditora. Jefa de la unidad de auditoría del Ministerio de Desarrollo Productivo desde el 16 de noviembre de 2020; antes fue jefa de la unidad de auditoría interna de la Dirección del Notariado Plurinacional, renunció el 11 de noviembre de 2020. Trabajó en varios despachos del Gobierno y en empresas estatales, entre ellas Entel.
Ausberto Choque Mita, auditor financiero y abogado. Especialista tributario en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), ocupó otros cargos en esa repartición y también fue consultor de un proyecto de Naciones Unidas.
Édgar Cayujra Barreto es abogado. Fue parte de la elaboración de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, “trabajó por más de 12 años en normativa y diseño de políticas públicas anticorrupción y de transparencia en el ex Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y el actual Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional” señala su currículum.
Rómulo Cahuana Choque es administrador de empresas. Fue parte de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia (Adsib) hasta 2021. El Sernap, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Cámara de Diputados, fueron los otros trabajos donde se desempeñó.
Cierra el grupo, Ramiro Rivas Montealegre, auditor y abogado. Fue fundador de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), oficina que dirigió desde 1998 a 2004 y volvió en 2019 al 2020. Es recordado por ser el funcionario que investigó al exministro de Gobierno, Arturo Murillo, y denunció las irregularidades en la compra de gases. Por ese hecho, fue despedido del cargo.
“Dirigió más de 300 investigaciones financieras o auditorías forenses en temas de lavado dinero, fraude, narcotráfico y corrupción”, señala parte de su hoja de vida.
Entre los postulantes que trabajan en el Estado, figuran René Choque Mamani, es administrador de empresas, nacido en Chuquisaca y educado en Santa Cruz, actualmente es jefe de unidad de asuntos administrativos en la Dirección Departamental de Educación de Santa Cruz.
Jaime Loayza Tapia, es auditor, especialista en gobiernos municipales de Santa Cruz principalmente a quienes asesora. Trabajó para las alcaldías de Cuatro Cañadas, San Carlos, San Juan, Comarapa, San Miguel de Velasco, Ivirgarzama y Portachuelo.
Ricardo Tintaya Álvarez es economista. Actualmente, es responsable de área de la unidad de fiscalización y recaudaciones de la dirección de recaudaciones y políticas tributarias de la secretaría municipal de administración y finanzas del gobierno autónomo de El Alto.
Docentes
Los profesionales docentes que se presentaron son Carlos Javier Garrón que es auditor financiero, imparte cursos en la Universidad Sam Francisco Xavier y en la Simón Bolívar.
Mary Morales Velásquez es auditora y se desempeña como docente titular de la carrera de auditoría y contaduría pública en la universidad Tomás Frías de Potosí. Su trabajo siempre se desarrolló en esa ciudad.
Gustavo Morejón Ignacio es auditor y director del departamento de ciencias básicas de la facultad de ciencias económicas de la Universidad Técnica de Oruro (UTO).
Cierra el grupo Ángel Quisbert Blanco, auditor, está ligado a varias empresas privadas como auditor. Actualmente, es docente de la Universidad Mayor de San Andrés, aunque trabajó en la Corporación Minera de Bolivia en 2015
Trabajaron en el sector privado
Solo cuatro de los 30 candidatos que quedaron para la selección de Contralor no tienen ningún vínculo con el Estado o el Gobierno pues toda su actividad lo hicieron en el ámbito privado. Alfredo Lorenzo Villca Cari es contador. Actualmente es encargado de almacenes de una empresa privada dedicada a la importación de productos masivos de Brasil; antes de eso fue profesional independiente.
Teodomiro Tórrez Gonzales es auditor. Entre 2019 y 2020 trabajó como capacitador en temas de educación ambiental desechos sólidos, residuos líquidos y campañas de limpieza. Trabajó en auditorías del área ambiental en empresas privadas, aunque no las identifica.
Sixto Mendoza Patty es abogado y fue presidente de la Federación Departamental de Productores Agropecuarios de La Paz. También apoyó en el trámite de personalidades jurídicas de organizaciones sociales territoriales.
Armando Arce Balcázar es auditor y trabajó en la Cooperativa de Telecomunicaciones de Sucre (Cotes) desde 2004 hasta abril de 2022.
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