En menos de una semana, cinco trabajadores de la prensa fueron agredidos durante coberturas periodísticas en el eje del país. La Defensoría del Pueblo pidió garantías para el trabajo periodístico y las asociaciones de prensa repudiaron las agresiones.
El pasado viernes, uno de los miembros de seguridad de
presidente Luis Arce arremetió contra un fotógrafo del periódico El Deber, de
Santa Cruz.
El mandatario en uno de sus recorridos por la feria Expocruz
perdió un zapato, algo que el fotógrafo intentó registrar, sin embargo, un
miembro de seguridad puso su mano en el lente y junto a otros lo llevaron a
empujones a un rincón hasta que la aparición de un camarógrafo de televisión
evitó de que el incidente pasara a mayores, según indica ese medio de
comunicación.
Ayer, el periodista Miguel Rojas Fernández, del diario
Opinión de Cochabamba, fue agredido cuando registraba las agresiones de parte
de supuestos partidarios del alcalde Manfred Reyes Villa, contra una persona en
aparente estado de embriaguez a la que echaron de un espacio público e incluso
empujaron al piso.
En la grabación el periodista registra parcialmente esos
sucesos hasta que un grupo de personas empieza a increparlo y lo golpea.
Hoy, el periodista Carlos Quisberth, de Página Siete de La
Paz, fue detenido por la Policía durante la cobertura del conflicto cocalero en
Villa Fátima. En horas de la tarde, el periodista fue liberado.
En tanto, el camarógrafo Santiago Limachi y su hijo Sergio,
ambos afiliados de la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional,
fueron gasificados por la Policía.
La Defensoría del Pueblo de Bolivia exhortó este martes “a
las autoridades de Estado y a servidores públicos a garantizar la libertad de
expresión, que es un derecho constitucional reconocido en instrumentos
internacionales en materia de derechos humanos y ratificados por Bolivia,
considerando que la labor que éstos cumplen aporta al fortalecimiento de la
democracia”.
Organizaciones como la Federación Sindical de Trabajadores
de la Prensa de Cochabamba anunciaron que presentarán una denuncia por ese
hecho ante la Fiscalía, según una nota
de la agencia EFE.
En el caso de Santa Cruz, ya hubo un pronunciamiento de la
Asociación Nacional de la Prensa en el que se calificó la acción como un
"exceso".
Ante los nuevos incidentes, la Asociación Nacional de
Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP)
repudiaron “la inconstitucional y violenta aprehensión del periodista Carlos
Quisberth, de Página Siete, y la gasificación del camarógrafo Santiago Limachi
y su hijo Sergio, de una agencia internacional de noticias, cuando cubrían el
conflicto en la Adepcoca”.
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