Está cerca el miércoles 31 de marzo de 2021, fecha de liquidación y pago
del Impuesto sobre las Grandes Fortunas (IGF). El presidente Lucho, en su
cuenta de Twitter, señaló que este impuesto es la clave para la redistribución
de la riqueza en Bolivia y que su intención es “desmontar el modelo
neoliberal”.
Si de redistribuir se trata ya se puso en marcha el RE IVA para devolver
dinero de impuestos a los ciudadanos que exijan facturas computarizadas y
ahora, con el IGF se cumplirán los presagios socialistas para demonizar a los
afortunados.
Mis lectores deben saber que el ministro Lucho, ahora presidente,
presentó en octubre de 2019 el proyecto de ley de Presupuesto General del
Estado para la gestión 2020 que obligaba a los municipios para que informen,
contribuyente por contribuyente, sobre el registro de sus inmuebles. Eva Copa
sancionó esa ley y la presidenta Áñez terminó promulgándola en diciembre de
2019. Sólo pasó un año y el fisco tiene toda la información para proceder en
consecuencia.
A principios de diciembre de 2020, cuando se anunció la creación del
IGF, muchos ciudadanos sintieron consuelo y alivio por no estar incluidos en
ese grupo de tan sólo 150 personas que poseen grandes fortunas y que están
condenadas a pagar el tributo, según el Ministro de Economía y Finanzas
Públicas. Pero, en realidad, esos buenos sentimientos se fueron desvaneciendo
en la medida en que se iba descubriendo la letra menuda de la Ley, por esto me
atrevo a estimar que los contribuyentes del IGF se cuentan en decenas de miles.
¿Por qué tantos? Porque sencillamente el Gobierno ha identificado la parte
jugosa del IGF: los inmuebles. El presidente Lucho no ha apuntado contra los
propietarios de inmuebles humildes y de clase media, que son millones; el
objetivo del masismo son los propietarios de inmuebles caros y lujosos. Ni
siquiera las grandes cuentas bancarias son interesantes para el Gobierno,
porque ni bien se anunció el IGF y se mostró el proyecto de ley, la fuga de
dinero al exterior fue masiva. Tampoco son las joyas, el dinero en efectivo ni
otros bienes suntuarios, por su difícil individualización o determinación.
Muchos inversionistas, alentados por el auge del neoliberalismo durante
los 14 años de masismo, construyeron o compraron no un edificio sino varios.
Las grandes extensiones de tierra, los edificios en propiedad horizontal, los
condominios, las casas en zonas exclusivas en áreas rurales o urbanas son
objeto del IGF. Esta sensación de riesgo está en el aire y los propietarios de
inmuebles, muy preocupados ellos, ya tienen que ir haciendo cuentas para no
exceder sus tormentos más allá de los Bs 30 millones. El fisco tiene plena libertad
para justipreciar un inmueble o varios inmuebles de un mismo propietario, según
el valor de adquisición actualizado, el valor de mercado o el valor catastral.
Aquí entra en juego la discrecionalidad del fisco para escoger aquel valor que
resulte mayor, por un lado y, por otro, direccionar subjetivamente las
fiscalizaciones contra quienes merezcan alguna lección.
El IGF tiene un nombre muy sugerente y encubridor porque en realidad
grava la propiedad de inmuebles; siendo análogo este hecho imponible al del
Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles, lo cual es un caso
abierto de inconstitucionalidad por doble tributación, peor aún si el fisco con
la ley en la mano sancionará a los grandes afortunados omisos con el doble de
la sanción que aplica a cualquier mortal, más la publicación de sus nombres,
contra principios constitucionales de proporcionalidad, igualdad y
confidencialidad tributaria. Si termina imponiéndose la racionalidad, este IGF
no tiene futuro. En el estado actual de cosas… ¿qué se entiende por
racionalidad?
El autor es abogado.
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