El crimen dejó como saldo un niño en la orfandad y
quedó al cuidado de los familiares de su madre.
Familiares y amigos de Silvia Abril López, víctima de feminicidio, pidieron 30
años de privación de libertad para el policía acusado de haber matado de dos
balazos a la mujer, en el barrio Abaroa en el año 2019. La víctima era voluntaria
del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (GACIP) y mientras pasaba instrucción,
habría conocido a quien meses después se convertiría en ser su verdugo.
De acuerdo a los antecedentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra la
Violencia (FELCV), el 20 de marzo del año 2019, el acusado habría ido a buscar
a Silvia a su domicilio y tras sostener una discusión con ella, el hombre sacó
su arma reglamentaria y le propinó varios disparos a la mujer, de los cuales
dos fueron mortales, pues a causa de esto, murió inmediatamente por un shock
hipovolémico.
Posteriormente, un equipo policial realizó las investigaciones y aprehendió al
presunto autor del crimen en su vivienda, mientras que en el barrio Abaroa, se
realizaba el levantamiento legal del cadáver de Silvia. Luego de 12 horas, el
Ministerio Público emitió la imputación por el delito de feminicidio y de esta
manera se efectuó la audiencia de medidas cautelares, donde el juez tras
analizar el caso, determinó darle al imputado la detención preventiva en el penal
de Morros Blancos.
Tras un año del crimen, la jefa del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM),
informó que el juicio para el principal sospechoso inició el pasado martes y
espera que las autoridades competentes puedan dar celeridad a la conclusión del
proceso.
“Estamos presentes de manera virtual y esperemos que el Tribunal de Sentencia
Segundo realice la valoración correcta, pues el crimen dejó a un niño en la
orfandad quien ahora es cuidado por su familia materna, ya que menor no era
hijo del procesado“, mencionó.
El apunte
Pericias y datos
En su momento el abogado de la víctima, Javier Sivila, manifestó que el proceso
de investigación reveló la verdad histórica del caso, ya que se realizó la
pericia de planimetría y de absorción atómica, mismas que determinaron que el
sujeto tenía rastros de pólvora en las manos, tras haber cometido el crimen.
Finalmente, el informe reveló que la víctima era miembro de Grupo de Apoyo
Civil a la Policía (GACIP) y de esta manera habría conocido a su verdugo.
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