Los Tiempos
El viceministro de Defensa de los derechos del Usuario y Consumidor,
Jorge Silva, dijo ayer en LT a Fondo que las clínicas y unidades educativas
privadas pueden ser sancionadas con la clausura temporal o definitiva, si
incumplen con la normativa y hacen cobros irregulares.
Dijo que hasta la fecha su repartición recibió 300 denuncias
de padres de familia contra colegios privados por cobros excesivos en las
pensiones o cláusulas “irregulares” en los contratos de servicio de educación.
“Cualquier cobro indebido o ilegal que se esté realizando
puede ser objeto de una sanción y la sanción va desde una clausura temporal de
un año a los establecimientos hasta la clausura definitiva de las unidades
educativas privadas que infrinjan la Resolución Ministerial 001/2021 o
cualquier otra disposición”, dijo Silva.
En relación a las denuncias en contra de algunos
establecimientos privados por la atención en pacientes con Covid-19, dijo que
“se aplicará la sanción que corresponde que son tres componentes: se puede
sancionar en la vía administrativa ya sea con la clausura temporal o definitiva
del establecimiento; se puede sancionar en la vía de aplicar una sanción
económica que va desde las 100 UFVs hasta las 10 mil UFVS; o en su caso,
activar una acción penal directa cuando se ha encontrado algún indicio de la
comisión de un delito”.
Anunció que el Viceministro de Defensa de los Derechos del
Usuario y Consumidor en coordinación con las instituciones locales realizará
operativos de control en estos servicios.
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