Marín Llorenty (50), poblador de Tabasay (Tarija), está muy
preocupado. La posibilidad de que se decrete una prolongada veda pesquera en el
río Pilcomayo, por causa de la contaminación minera proveniente desde Potosí,
le quita el sueño desde hace varios días.
Él, al igual que otras 40 familias que viven en la comunidad
tarijeña de Tabasay, temen que les impidan continuar con esa actividad que es
el único medio de sustento económico. “Ojalá se hagan estudios sobre el sábalo
para que no hayan malos comentarios y nos afecte la venta del pescado. Nosotros
vivimos de la pesca en el Pilcomayo, no sembramos”, dice Llorenty.
El poblador guaraní nació y se crió en la comunidad donde
hace poco la Gobernación de Tarija recolectó dos muestras de agua para ser
analizadas en un laboratorio, las que revelan que no es apta para el consumo
humano.
En esa aldea viven 45 familias y la mayoría se sustenta de
la pesca del sábalo y otras especies piscícolas que deambulan por las aguas del
Pilcomayo.
Sin embargo, el Gobierno minimiza el impacto de los residuos
mineros en el afluente. Ya casi se cumple un mes desde aquel 23 de julio de
2022, cuando en la comunidad de Agua Dulce (Potosí) colapsó un dique de colas
mineras que contaminaron el río de la Rivera y la quebrada de Tarapaya. De
acuerdo con el Gobierno, en esa oportunidad, más de 13.000 metros cúbicos de
desechos mineros llegaron a esas aguas. Hasta el momento solo un 38% (5.000
metros cúbicos) de esos sedimentos fueron retirados.
Magín Herrera, viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad
Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, explicó que apenas se
supo del incidente se actuó de forma técnica y legal. Unos 11 técnicos llegaron
al lugar y el 27 de julio tomaron siete muestras de agua las cuales arrojaron
un PH que oscila entre 2,84 y 7,01. Un valor que, a criterio de Herrera, no
genera la mortandad de peces (pues viven en un PH que va desde los 6,5 hasta
los 7,5) y tampoco daña a las personas que pueden beber agua con un PH de 7,01.
También realizaron cuatro muestras para ver la presencia de
minerales en el agua y se pudo detectar zinc, hierro, plomo, entre otros -en
niveles bajos- según el informe. “La muestra se hizo en un área de 32 km, con
un ancho de 4,2 metros. El jueves, 18 de agosto, se volvió a hacer un nuevo
estudio en los mismos lugares. Entonces con estos respaldos técnicos, decir que
la contaminación llegó a Tarija, Chuquisaca o Salta son puras especulaciones”,
sostuvo Herrera.
En el área legal, la autoridad señaló que se hizo la
denuncia ante la Fiscalía y será la justicia la que determine los responsables.
Sobre el tema, Aldo Effen, vocero de la Gobernación de
Potosí, indicó que junto con la Federación Departamental de Cooperativas
Mineras (Fedecomin) de Potosí, se está trabajando en el lugar para limpiar los
sedimentos mineros, y que del 100% de esos desechos ya se retiró más de un 30%.
Effen remarcó que se calcula que hasta fin de mes se llegue
al 50% y que en septiembre se termine de limpiar la zona, antes que empiece la
temporada de lluvias, lo que provocaría que los sedimentos restantes vayan río
abajo generando un mayor daño medioambiental.
La autoridad reiteró que tras el colapso del dique de colas
mineras se conminó a Fedecomin a retirar los sedimentos desde el punto del
accidente hasta los 32 kilómetros agua abajo y que el plazo para cumplir con
los trabajos no es mayor a 60 días calendario, caso contrario habrá una sanción
administrativa y económica.
Además, remarcó que el material que llegó al río de la
Rivera y a la quebrada de Tarapaya, que se conecta con el río Pilcomayo, afectó
a tres comunidades, pero negó que la contaminación llegue a regiones de
Chuquisaca y Tarija, pues el informe técnico indica que solo se afectó una zona
de 32 kilómetros.
“Este tema involucra a los tres niveles de gobierno. Cada
uno está trabajando en lo que le corresponde. Nosotros como Gobernación estamos
en el lugar del incidente controlando y ayudando en las labores de limpieza.
Decir que estos residuos llegaron más al sur del país es magnificar el tema y
no contar con argumentos técnicos”, precisó Effen.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente,
Minería y Forestación del Concejo Municipal de Potosí, Reyna Isabel Menacho, observó
que si se estuviera trabajando de forma adecuada estos problemas de
contaminación no existirían.
Menacho sostuvo que las competencias del Concejo se limitan
a la denuncia, mientras que, es la Secretaría Departamental de la Madre Tierra,
en Potosí, la que tiene la capacidad de fiscalizar y sancionar junto con el
Ministerio de Agua y Medio Ambiente.
La funcionaria puntualizó que muchos ingenios construyen sus
diques de cola (lugar donde se depositan los restos metalúrgicos y productos
químicos) con bolsas azules de plásticos cuando la norma dice que deben ser
construidos con geomembranas, “Muchos no cuentan con licencia ambiental, no
tienen el manifiesto ambiental y esos controles corresponden tanto a la
Secretaría Departamental de la Madre Tierra, como al Ministerio de Agua y Medio
Ambiente y eso no se cumple”, criticó Menacho.
¿Más de 32 kilómetros?
Ante el informe de la Gobernación potosina de que los
residuos mineros abarcan un área de 32 kilómetros, Camilo Alberto Vera, asesor
de la Comisión de Medio Ambiente, Minería y Forestación del Concejo Municipal
de Potosí, subrayó que esas son conjeturas poco responsables, pues en el
recorrido que hicieron hasta Puente Méndez (límite con Chuquisaca), son unos 80
kilómetros y en donde las diferentes comunidades denunciaron cómo el agua
cristalina de los ríos del lugar se tornaron plomas y con un fuerte olor a
mineral y químicos.
Vera observó que no se puede decir a la ligera que no se
contaminó el Pilcomayo y que solo se afectó 32 km, pues para hacer tal
aseveración se debe recorrer toda la cuenca del río Pilcomayo y hacer pruebas
técnicas.
Apoyando esta postura en la parte de Tabasay (Tarija), los
ecos de contaminación en el Pilcomayo generan zozobra en los habitantes de los
pueblos weenhayek y guaraní que se declararon en emergencia. Ambas etnias
conviven con la naturaleza de esa afluente desde hace mucho tiempo.
La Gobernación de Tarija tomó muestras de agua del río, tras
el colapso de un dique minero en la zona de Agua Dulce (Potosí) que fue el
detonante para determinar si estaba contaminado, a través del análisis de
laboratorio.
El informe estableció que el cuerpo del líquido elemento es
de clase C y no se puede consumir sin previo tratamiento.
Al menos 6.000 familias del pueblo weenhayek están en
emergencia y exigen a las empresas mineras de Potosí dejar de dañar al río
Pilcomayo, de donde beben el agua y se proveen de peces para su subsistencia.
“Estamos preocupados por el informe que nos dieron sobre la contaminación
minera”, expresó el capitán grande, Pablo Pérez.
La contaminación minera repercutió también en el pueblo
guaraní, del municipio de Entre Ríos, donde reclaman a la Gobernación de Tarija
informar en detalle sobre el análisis de las dos muestras. “Hay muchas familias
que consumen agua del Pilcomayo y ahora con esta triste noticia es necesario
tomar medidas preventivas”, sostuvo el concejal de origen guaraní, Anastasio
Flores.
El secretario de Gestión Institucional de la Alcaldía de
Entre Ríos, Julio Verdún, dijo que alrededor de 13 comunidades están en las
riberas del Pilcomayo y la mayoría son de esa etnia.
El Deber
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