Tanto autoridades como líderes activistas, además de abogados y analistas, coinciden en que la última etapa de la violencia es el feminicidio, un punto inevitable para muchas mujeres que vieron imposible alejarse de sus agresores a tiempo, ya sea por manipulación sentimental o económica, y en muchos casos por temor y amenazas.
En una anterior entrevista con la representante de la organización Voces Libres, Mercedes Cortez, la misma lamentó que en muchos casos las víctimas de violencia no encuentren en las autoridades la debida atención y protección tras las denuncias por agresiones.
"Se tendría que otorgar a la víctima una garantía de que va a estar a salvo mientras se lleve a cabo el proceso, pero a falta de personal y recursos las denuncias quedan en espera, entonces las mujeres se ven obligadas a retornar a sus hogares y seguir conviviendo con hombres violentos", señaló.
Es entonces cuando las agresiones se repiten y, en muchos casos, encuentran su fin solo en el feminicidio, que en algunos casos toma las formas más crueles para dar muerte a mujeres que dejan niños y adolescentes en la orfandad.
PROTECCIÓN Las medidas de protección son una serie de mecanismos que deben activarse cuando una mujer presenta una denuncia por violencia. Una de ellas es precautelar su seguridad garantizando un lugar de estadía para esta, cuando no cuenta con familiares que puedan albergarla en otro domicilio distinto al que comparte con su pareja/agresor. Para ello se presenta la opción de los centros de acogida, tanto para las víctimas como sus hijos, si los tuvieran.
Sin embargo, en muchos casos las autoridades no llegan a emitir ni siquiera órdenes de alejamiento para los victimadores.
PERFIL PSICOLÓGICO Según la psicóloga forense Marcia Garamendi, un punto débil dentro de los mecanismos procesales en el tratamiento de casos de violencia, violación, acoso sexual y feminicidios, entre otros, es la falta de evaluaciones psicológicas a los agresores, mismas que podrían ayudar a determinar si los autores de estos hechos son capaces de emprender con un tratamiento de rehabilitación o si simplemente deben ser mantenidos lejos de la sociedad por constituir un peligro.
Garamendi indica que hace falta elaborar y aplicar verdaderas políticas de funcionamiento y manejo para estos las cárceles y centros de infractores que, a criterio suyo, son mal llamados "reformatorios".
El punto más importante para incidir en el comportamiento de los autores que cometen estos crímenes es la aplicación de estrategias de intervención biopsicosocial.
"Únicamente detienen a las personas que comenten delitos pero solo con el fin de privarlos de su libertad, que al final de cuentas es un castigo establecido por la ley. Pero, se supone que deberían generar estrategias y planes de intervención para reformarlos emocionalmente y socialmente", indica.
ÁMBITO LEGAL La directora de la Red Ciudadana Contra el Infanticidio y el Abuso Sexual Infantil y abogada penalista, Jessica Echevarría, apoya la realización de estudios de personalidad desde la psicología forense a todos los agresores que guardan detención preventiva por delitos como agresión sexual, feminicidio e infanticidio en el país, como un aspecto determinante en el avance de los procesos y considerar (o no) su pena y posible reinserción social.
"Una de las situaciones que falta en nuestro país es poder hacer el estudio y la investigación desde la criminología y la psiquiatría forense ante infanticidas, feminicida y violadores que guardan detención preventiva. Algunos de ellos pueden presentar un trastorno psiquiátrico o una personalidad de psicopatía perversa", señala.
Para Echevarría, la psiquiatría forense, criminología y perfilación criminal son tres puntos importantes para que la aplicación de la normativa no se realice de forma "automática", sin evaluar ciertos aspectos particulares de cada caso
"Somos muy automáticos en el tema de que, si una persona comete un crimen recibe la detención preventiva y la sentencia, pero no estudiamos qué lo llevo a cometer el crimen, si realmente esa persona puede significar un peligro o no, porque no es el único caso en el que nosotros hemos visto que una persona vuelva a ser reincidente".
Recomienda que autores de infanticidio, violaciones y feminicidios sean evaluados psicológicamente a su ingreso a los centros de infractores, con el objetivo de ser perfilados, como una medida de seguridad que permita conocer más a cabalidad a estas personas.
"Si un perfilador hubiera analizado a Matusalén, se hubiera dado cuenta que él presenta personalidad psicopática perversa y que es un peligro, y que no tendría que haber tenido el cese de la detención preventiva, y como sabemos no es el único caso que hay", lamenta.
La representante del colectivo Mujeres de Fuego, Fátima Terrazas, lamenta que la falta de recursos y atención de autoridades genere el retiro de denuncias y abandono de casos por parte de las víctimas que, después de semanas y meses de no conseguir respuesta a sus súplicas, se resignan incluso a vivir sometidas a una vida de violencia en la que no saben cuál será el día en que sus agresores decidan terminar con sus vidas o incurrir en otros crímenes contra sus hijos.
"Necesitamos mayor calidad y calidez por parte de los administradores de justicia, fiscales, técnicos y abogados", concluye.
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