Controlados los tres poderes, ahora Bukele pone la mirada en el llamado popularmente “el cuarto poder” con varias reformas legales que castigan hasta con 15 años de cárcel a periodistas que difundan informaciones sobre las pandillas.
Una serie de modificaciones legales obligan a periodistas
salvadoreños a escoger entre dos caminos: “jugársela” y seguir investigando, o
autocensurarse. La Asociación de Periodistas de El Salvador (Apes) teme por los
reporteros de ese país y ya tomó medidas preventivas.
Es por esto que un grupo de 10 periodistas salió de El
Salvador para seguir investigando los temas relacionados a las pandillas, sin
sufrir represalias o futuras acusaciones penales.
La ley que castiga con 15 años de cárcel a quien difunda
informaciones sobre las pandillas en El Salvador, así como una serie de
reformas legales, cimientan el camino para replicar el caso nicaragüense, en
donde la dictadura de ese país ha encerrado a casi 200 opositores, entre ellos
periodistas, activistas y políticos.
“Si bien, a la fecha no hay periodistas encarcelados. La
Apes ha actuado preventivamente. Les decimos que si van a publicar algo al
respecto es que salgan”, relata Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación.
El gremio periodístico de ese país tomó nota del caso
nicaragüense y se ha preparado mucho para estos escenarios, por medio de
salidas preventivas y capacitaciones a abogados en temas de libertad de
expresión.
De acuerdo con Cárcamo, el deterioro democrático de El
Salvador va a un ritmo acelerado, como el que sucedió en Nicaragua “pero más
rápido”.
Lo más reciente fue la aprobación por parte de los diputados
de una normativa que le brinda más facultades a la Fiscalía para intervenir y
escuchas las llamadas de los ciudadanos, así como un menor margen de maniobra a
la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
También se obliga a las empresas telefónicas a entregar a la
Fiscalía datos o registros de llamadas y del «origen de cualquier otro tipo de
comunicación electrónica”. Para la entrega de esta información no será
necesaria una orden judicial.
Otra de las reformas que impacta a la Apes es la
obligatoriedad de tener un “oficial de cumplimiento”, es decir, un funcionario
de la Fiscalía instalado y pagado en la asociación.
Gremio dividido
De acuerdo con Cárcamo, el gremio de periodistas está
dividido. Los más experimentados del periodismo de investigación tienen una
mejor red de articulación y no se intimidan por las presiones del gobierno
salvadoreño, pero existe otro grupo que opta por la autocensura.
“Estamos en comunicación con periodistas de medios
tradicionales que dicen que prefieren autocensurarse. Prefieren no publicar
contenidos sobre pandillas. En el peor de los casos solo cubren la versión del
gobierno, se convierten en replicadores del partido de gobierno», explicó.
Añadió que «muchos medios tradicionales de tele y radio
abierta han optado por eso. El tema de la pauta gubernamental se ha convertido
en un arma para amenazar a los periodistas. Hay gente de alto nivel del Poder
Ejecutivo que ha amenazado con quitar las concesiones de radio y televisión”.
¿Qué tan grave es el deterioro?
En cuestión de pocos años, el partido del presidente Nayib
Bukele ha tomado el control del Poder Ejecutivo, Legislativo y también
Judicial. Solo el año pasado destituyó en pleno a los magistrados de la Sala
Constitucional, así como al fiscal general.
Para esto, argumentó que los jueces emitieron veredictos en
contra de decretos del Ministerio de Salud y esto obstaculizó el trabajo del
Gobierno en medio de la pandemia. En el caso del fiscal, se le destituyó por supuestos
cuestionamientos sobre su independencia y vinculación al partido opositor.
Controlados los tres poderes, ahora Bukele pone la mirada en
el llamado popularmente “el cuarto poder”. El interés del oficialismo por
controlar al periodismo se evidenció con un informe que reveló el espionaje a
los teléfonos celulares de más de 35 periodistas y activistas salvadoreños por
medio del software Pegasus.
“Este año hemos tenido cinco reformas legales que afectan a
la labor periodística. En Nicaragua tomó más tiempo. El deterioro democrático
ha sido muy grande. Probablemente, el tema de encarcelamiento a periodistas no
va a ocurrir el próximo año porque al presidente no le conviene de cara a las
elecciones”, comentó la presidenta de la Apes.
El Salvador está bajo un régimen de excepción desde marzo de
este año, donde se suspendieron todas las garantías constitucionales y se
detuvo a unos 50.000 presuntos pandilleros.
Este artículo se publicó originalmente en IJNET, la Red
Internacional de Periodistas.
IPS
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