Se cumplió un mes del paro indefinido en Santa Cruz por el Censo, cuyos impulsores están a la espera de la aprobación de una ley, en una medida que no consiguió hasta ahora que el proceso sea en 2023 y que ha generado pérdidas por $us 1.080 millones.
El paro indefinido, que ya lleva un mes, ha vuelto a dar golpe duro para todas las empresas y comercio en general. La Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) es una de las grandes afectadas, ya que no ha podido cobrar facturas por unos Bs 100 millones, lo cual no hay duda que representará una enorme carga financiera. Similar situación ocurre con Saguapac y las otras cooperativas de servicios.
Dirigentes vecinales en Montero y autoridades municipales enviaron cartas a CRE para que suspenda los cortes de luz en los domicilios por facturas impagas mientras se mantenga el paro indefinido por censo 2023.
Algunos hacen pedidos de no cobros por las redes sociales. Desde el departamento de comunicación de CRE informaron que durante el paro no se ha procedido a cortar el servicio por mora y que la institución está abierta a realizar planes de pago.
Para los directivos y ejecutivos de la cooperativa es un tema de preocupación, ya que durante la pandemia tuvieron que soportar una millonaria mora (alcanzó $us 50 millones), lo que los obligó a recurrir a crédito bancario para paliar la situación sin transferir los costos a los usuarios.
Se sabe que las empresas de generación, transmisión y distribución que se realizan transacciones de energía y potencia eléctrica, ya han advertido a las distribuidoras –entre ellas CRE- que tendrán que pagar mensualmente por la energía que adquieren.
“La cooperativa está obligada a pagar el consumo total de Santa Cruz, pese al paro cívico indefinido, aseguró el experto en regulación tarifaria y tasas, Jorge Choque Ajuacho.
En el caso de Santa Cruz de la Sierra y poblaciones vecinas como Montero, Warnes, Cotoca, y La Guardia, entre otras, la distribuidora responsable de hacer llegar el fluido eléctrico hasta el consumidor final es la CRE que compra mensualmente la energía y potencia que requiere la población domiciliaria, industrias y negocios cruceños, detalló el experto, que también es docente de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.
A un mes de la medida de presión, el saldo económico es preocupante. El Gobierno había adelantado que por día de paralización de actividades, Santa Cruz perdía $us 36 millones; por ello, pidió no ir en contra de la reactivación económica. O sea, en 30 días, las pérdidas llegan a $us 1.080 millones. Agencias
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