Al menos 18 procesos penales por corrupción, iniciados por el municipio cruceño contra exfuncionarios, fueron presentados por la directora de Transparencia de esa institución, Adriana Pedraza, quien calcula que 17 de ellos suman un daño económico de alrededor de Bs 300 millones.
“Estamos encargados de transparentar el manejo y la administración de los recursos de la población porque nosotros nos constituimos como garantes de los bienes del municipio”, manifestó Pedraza al inicio de su contacto con los medios.
Afirmó que los procesos de corrupción fueron denunciados a partir de mayo pasado, es decir, al inicio de la actual gestión municipal y están relacionados con diferentes unidades del ejecutivo municipal: Recursos Humanos, Frigorífico Municipal, Administración y Finanzas, Seguridad Ciudadana, Bienes Municipales, Planificación, Emacruz, Empresas Desconcentradas, Hospital Pampa de la Isla, Jardín botánico y Subalcaldía del Distrito 7.
Los denunciados van desde funcionarios sin rango, pasando por jefes y directores, hasta secretarios municipales y la exacaldesa interina.
En tanto que los delitos que se acusan son: robo, hurto, conducta antieconómica, uso indebido de influencias, uso indebido de bienes y servicios, cohecho pasivo propio, cohecho pasivo, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica, concusión y beneficios en razón del cargo, legitimación de ganancias ilícitas y contratos lesivos al estado, entre las más frecuentes.
Los hechos de corrupción más conocidos son los referidos a la contratación irregular de personal, al supuesto sobreprecio en la construcción del BTR y a la desaparición de unos 50 vehículos. Sin embargo existen otros, como compra de camas hospitalarias con sobreprecio, cobros indebidos, desaparición de bienes y nepotismo.
“Estamos creyendo que la Justicia va a obrar a nuestro favor y que se pueda recuperar el daño que se ha ocasionado a las arcas del municipio”, indicó Pedraza.
Sobre hija de Sosa
Al ser consultada sobre la devolución del dinero percibido por Camila Perovic Sosa, hija de la exalcaldesa interina, Angélica Sosa, por un contrato irregular, la directora de Transparencia señaló que no existió un contrato de pasantía, como se afirmaba en días pasados, sino que se trató de un contrato laboral.
Remarcó que no existen registros de ingreso y salida de la joven, como tampoco registros de marcado biométrico o liberados.
“No importa si devolvió o no devolvió (el dinero). El ilícito se cometió. Que se sancione por la vía que corresponda el delito y la irregularidad”, respondió tajante.
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