AFP
Una comisión investigadora del Senado brasileño recomendó
ayer imputar al presidente Jair Bolsonaro por diez delitos durante la gestión
de la pandemia, entre ellos “crímenes contra la humanidad” y favorecer esa
lacra sanitaria, según el informe publicado por la prensa poco antes de su
lectura.
La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) escudriñó durante
seis meses las acciones del gobierno durante la pandemia, que dejó más de 600
mil muertos en el país.
El relator de la Comisión Parlamentaria de Investigación
(CPI) concluyó que el gobierno federal expuso “deliberadamente a la población
al riesgo concreto de infección en masa”, por lo que pidió la inculpación de
Bolsonaro, y de otras 67 personas, incluyendo varios ministros y exministros y
tres de los hijos del mandatario.
La CPI no tiene el poder de hacer denuncias formales.
Pero el informe, con testimonios conmovedores y revelaciones
impactantes -como el uso de pacientes como “cobayas humanas” para probar
medicamentos ineficaces contra la covid-, será enviado a diferentes órganos que
pueden proseguir las investigaciones y formular cargos, como la Fiscalía
General o una corte internacional.
El martes por la noche, se anunció que se responsabilizaría
al mandatario de cargos como crímenes contra la humanidad, epidemia,
charlatanería y prevaricación, pero que se retiraban los de “homicidio” y
“genocidio de poblaciones indígenas” por desacuerdos en el seno de la comisión.
Además de un “deliberado atraso” en la compra de vacunas,
“se comprobó la existencia de un gabinete paralelo [que asesoraba al gobierno],
la intención de inmunizar la población mediante el contagio natural, se dio
prioridad a un tratamiento precoz sin amparo científico y se desestimularon las
medidas no farmacológicas”, como uso de mascarilla y distanciamiento, añade en
sus conclusiones el senador opositor Renan Calheiros, responsable de la
elaboración del informe.
Desde el inicio de la emergencia sanitaria, Bolsonaro
minimizó la pandemia y defendió medicamentos sin eficacia, como la
hidroxicloroquina. Más de un año después de haber contraído el virus, asegura
que no se vacunará.
El senador Flávio Bolsonaro, hijo del presidente y que está
entre los acusados de difundir informaciones falsas sobre la pandemia, aseguró
que se trata de un informe “político”.
“Es un instrumento de venganza contra Bolsonaro y su
familia. Ni mis hermanos ni yo cometimos ningún delito, mucho menos el
presidente de la República”, defendió poco antes de la reunión de la comisión.
Tras meses de interrogatorios a autoridades y empresarios,
la CPI culminó sus sesiones esta semana en un tono más humano al oír a
familiares de víctimas del coronavirus.
“Merecemos un pedido de disculpas por parte de la máxima
autoridad del país. No es una cuestión de política, estamos hablando de vidas”,
dijo entre lágrimas el taxista Márcio Silva, que perdió a su hijo de 25 años.
“Castigar a los responsables”
En un principio, la comisión hurgó en las responsabilidades
por los pacientes muertos en Manaos por falta de oxígeno, pero luego se adentró
en irregularidades como la demora del gobierno para comprar vacunas, o la
existencia de un “gabinete paralelo” de médicos y empresarios defensores de
medicamentos sin eficacia comprobada que asesoraba al mandatario.
En el camino fueron identificadas nuevas tramas, entre ellas
supuestas irregularidades en la compra -no realizada- de la vacuna india Covaxin,
que le valió a Bolsonaro una investigación judicial por “prevaricación” al no
haber denunciado el caso ante la Policía Federal.
O las conexiones entre el gobierno y las operadoras privadas
de salud en la promoción de medicamentos ineficaces para el “tratamiento
precoz” del coronavirus.
Una de ellas es Prevent Senior, una operadora de salud para
la tercera edad señalada de aplicar tratamientos experimentales sin
consentimiento de los pacientes y de maquillar el número de muertos por
coronavirus, un escándalo que ha impactado el país.
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