Ayer ha comenzado el ejercicio de la autonomía plena, más allá de la
voluntad del gobierno central. Una afirmación de esta naturaleza, necesita ser
explicada.
El futuro de la gobernanza subnacional está en manos de las nuevas
autoridades, ejecutivas y legislativas, posesionadas y ellas tienen sobre sí la
responsabilidad de realizar gestión y cumplir sus promesas electorales. El
gobierno central no podrá llevar adelante la gestión del país como lo ha
intentado hasta ahora y a partir del 3 de mayo se inicia el proceso autonómico
radical, con menos recursos y más competencias, y con más necesidad de la gente
de respuestas efectivas.
En este ciclo se generará el empoderamiento del proceso autonómico, tanto
municipal como departamental, y las autoridades, de cualquier signo ideológico,
van a tener que resolver tres necesidades concretas: salud, economía y
gobernabilidad. De esas tres, las que no cumpla el gobierno central se volverán
contra las autoridades territoriales, y eso empoderará a alcaldes y
gobernadores por la naturaleza de las exigencias.
Tengo un optimismo moderado y, aunque ello pueda parecer que va en
contrasentido del análisis de lo que hemos vivido hasta ahora, está basado en
la pregunta, ¿para qué se realizaron elecciones de alcaldes y gobernadores en
las condiciones que estamos viviendo? Los niveles de manipulación y de control
que pretenderá seguir ejerciendo el nivel central serán menos eficaces,
precisamente por la ausencia de recursos, y su intento de seguir exclusivamente
por la vía política provocará que la gente exija respuestas a sus autoridades
cercanas.
Entendería las dudas si la situación fuese estática y continuara como
ocurría hasta anteayer, pero no podemos olvidar que se ha producido un quiebre.
La población ha creído en las elecciones y ha ido a votar, poniendo en riesgo
su salud, con el objeto de tener gobiernos que le den respuestas autonómicas;
todos hemos sufrido el mismo riesgo para elegir autoridades que ahora deben cumplir
con la razón por la que han sido votadas.
Desde esta perspectiva, el desarrollo y consolidación del proceso
autonómico depende de la construcción democrática que ha alcanzado la
democracia y que tiene que ver con los resultados de la participación popular,
la inclusión, planificación participativa, inversión concurrente,
mancomunidades municipales, ciudades intermedias y territorios indígenas, y
también con el desarrollo económico local. Con ese andamiaje, las autoridades
tendrán que hacer funcionar lo público, y el nivel central sentirá la presión
de la demanda legítima de la población a través de las autoridades
posesionadas, quienes tendrán que hacer funcionar la autonomía y cumplir su
oferta electoral a riesgo de su propio mandato.
Para completar el escenario, tendrá que concretarse el pacto fiscal con
un acuerdo económico mínimo, y también la dinamización de la economía, apoyo a
los sectores productivos, a las alianzas público-privadas. Esas son situaciones
que el gobierno central tendrá que aceptar frente a la demanda y a las
necesidades colectivas, más allá de su propia voluntad. Es posible que pretenda
seguir por un tiempo con el chantaje conocido, pero cada vez con menores
posibilidades porque no se admitirán dilaciones frente a necesidades elementales
que necesitan mucho más que buena voluntad: “¿cuándo me vacunarán?, no me
interesa quién lo haga”, “necesito trabajar”.
La gestión que se ha iniciado ayer, es una apuesta por la democracia y
tiene como responsables a quienes asumen un mandato para profundizarla. Quienes
trabajamos con la población sabemos que no existen diferencias políticas
radicales en los territorios. La gente necesita desarrollo y producción y allá
no se pueden separar por militancia como torpemente se ha discurseado. Las
vacunas y la economía, están por encima de la miopía.
Las asambleas legislativas departamentales y los concejos municipales
van a sufrir la presión de la sociedad civil que demandará la aprobación de
leyes necesarias para que la población tenga desarrollo donde vive, y no siga
migrando. La gobernabilidad vendrá desde la presión ciudadana.
El autor es director de Innovación del Cepad.
No hay comentarios.: