El último Censo de Población y Vivienda se realizó
del 21 al 23 de noviembre de 2012, bajo la regulación de la Ley del Sistema
Nacional de Información y Estadística (SNIE), ejecutado por el Instituto
Nacional de Estadística (INE), con indicadores predominantes en temas:
poblacional a nivel nacional, departamental, municipal y comunidades; así como
determinar las condiciones de vivienda, ocupación laboral, empresarial,
agropecuario, educación, salud, seguridad social, migración, desarrollo humano
sostenible, económico, social y cultural.
Los resultados obtenidos del mencionado censo
sensiblemente no fueron publicados en su conjunto oportunamente para que la
población boliviana esté plenamente informada y haga uso de su derecho legítimo
a seguimiento en la distribución de los recursos económicos y, principalmente,
si las políticas y estrategias de desarrollo humano y sostenible guardaban
relación con los datos estadísticos obtenidos en el censo nacional.
El Censo Nacional de Población y Vivienda que con
carácter de prioridad ha sido aprobado por el Poder Ejecutivo mediante Decreto
Supremo a realizarse el 16 de noviembre de 2022, mostrará las características
demográficas y crecimiento poblacional a nivel nacional y cómo estamos en los
temas de desarrollo económico, social, cultural, salud pública, educación,
pobreza y extrema pobreza, empleo, subempleo, desocupación, instalación
hospitalaria en sus diversos niveles, entre otros.
Como asunto central, va a permitir conocer la
población total de Bolivia, la distribución y representación política tan
exigida por los diversos segmentos de la población boliviana; representación
política que debe armonizarse en función poblacional y de territorios.
Esto significa que hay que articular una cierta y
real representación política, bajo el principio básico que la democracia es la
representación de personas, como sujeto político en la sociedad, pero también
de territorios. Esto no quiere decir que las provincias, municipios, secciones
y comunidades menos pobladas tengan un plus político-ideológico que implique
desvirtuar el resultado electoral, porque la sobrevaloración del voto de
determinados ciudadanos con respecto al de otros desvirtúa el sistema de
representación política.
Habría que aplicar de forma ponderada
otros criterios que fortalezcan la democracia, porque el sistema de
representación también es un sistema de compensación y así no falsear la
representación poblacional y territorial. Si no buscamos con los resultados del
censo una fórmula de representación objetiva y justa, será poco probable
superar el desequilibrio poblacional y territorial prácticamente incorregible
al presente.
Al abordar otros temas sensibles, no deberíamos
sorprendernos cuando alguien decide tirarse por un balcón porque lo van a
desahuciar o bien resistirse al entubado si presume el paciente que de allí no
saldrá con vida y prefiere ser tratado en su domicilio.
Tampoco deberíamos ser indiferentes e inhumanos si
ante el colapso de las unidades de terapia intensiva (UTI) por enfermos del
Covid-19 los médicos apliquen el -descarte- de personas mayores de 60 años y
prioricen a personas de menor edad que realmente tienen la posibilidad de
recuperarse y cuentan con los recursos económicos para cubrir los medicamentos,
siendo que la responsabilidad de garantizar la vida y salud del paciente le
corresponde al Estado como derecho humano.
No deberíamos permanecer escépticos, ante las
indecorosas descalificaciones de golpistas a quienes defendieron la democracia
y nada menos por quienes huyeron del fraude democrático del 20 de octubre de
2019. Las pruebas internacionales del fraude electoral son imborrables, como
son las Leyes 1266 de 24 de noviembre de 2019 y la 1270 de 20 de enero de 2020
de anulación de elecciones y nueva convocatoria para el periodo 2020-2025 y la
ampliación de mandato para autoridades electas, aprobadas por los dos tercios
del MAS IPSP y por unanimidad.
Resulta intolerable que en los últimos cuatro meses
de gestión de gobierno, determinadas decisiones fiscales y judiciales continúen
con aprehensiones y encarcelamientos a exautoridades, ex jefes militares y
policiales, ciudadanos y jóvenes que defendieron la democracia del
autoritarismo instalado durante más de catorce años, sin una migaja de respeto
a la Constitución, las libertades y el principio de presunción de inocencia e
irónicamente se declaren víctimas y beneficiarios de indultos y amnistías.
¿Aguantarían los chiquitanos el avasallamiento de
interculturales chapareños el desmonte sostenido de sus tierras, áreas
protegidas y otras que pertenecen a particulares y comunidades de tierras
bajas? Y ¿soportarían los cruceños saciar los instintos de pirómanos conectados
presuntamente con actividades del narcotráfico? Sin duda los cruceños son
capaces de dejarse subestimar a pesar de su ingente poder.
Desde la ética, es indigno que esta tropelía y
fanatismo del poder político, no se conciba que se relacione con el estrés que
causa no tener los mínimos imprescindibles para cubrir las necesidades vitales;
en esta línea resulta paradójico, que Evo Morales amenace a quienes traicionen
al partido con la pérdida del curul como si fuere su mandante y ¿el fraude
electoral no importa pérdida de personería jurídica del MAS?
Por todo ello, es preciso que la ALP ponga al día
determinadas normas y abrogue aquellas como la de Emergencia Sanitaria que
atentan contra el bien común, los mandiles blancos y al Sindicato de Ramas
Médicas (Sirmes) y los fiscales y jueces interpreten la Constitución y las
leyes con nuevos principios y mentalidades.
Finalmente, de forma inteligente y sagaz Aragón M.,
(2002:204) dice: “Un Estado de derecho no lo es tal sin control jurisdiccional.
El problema surge cuando el control social y el control jurisdiccional del
poder han de sustituir, casi enteramente, el control parlamentario. En este
caso los ciudadanos tienen muy poco que ganar y la democracia mucho que
perder”.
Pedro
Gareca Perales/ Abogado Constitucionalista y Defensor de los DDHH.
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