El juez Apodaca, el de los audios filtrados, ese que dijo “desconocer”
una resolución de autoridad suprema que anuló su auto coactivo en el caso
“vehículos” y “sacó vacaciones” para no acatar la sentencia constitucional que
imponía anular el pliego de cargo viciado que propició el intento de
inhabilitación ilegal de Manfred Reyes Villa, en enero, súbitamente retornó de
su vacación para activar una segunda actuación judicial en Sucre y propiciar un
nuevo intento de inhabilitación del candidato de Súmate a la alcaldía de
Cochabamba.
Molesto porque la Contraloría General del Estado frustró el primer
intento de inhabilitación, al ignorar su ejecutoría de un auto anulado y más
bien emitir la solvencia fiscal con la que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitaría
a Reyes Villa, Apodaca reasumió funciones para raudamente volver a enviar el
expediente revocado a Sucre, donde una Sala Social Contenciosa, también
objetada en su ratificación del viciado fallo, volvió a emitir tal cual y en
menos de una hora el auto coactivo anulado por el Tribunal Constitucional
cuatro años atrás, sin incorporar las correcciones solicitadas o enmendar los
vicios señalados.
Esa sala, presidida por Antonio Revilla, “enlace” del poder político en
Sucre durante el quinquenio evista, lejos de subsanar las observaciones por las
que el Tribunal Constitucional anuló su primer fallo, ratificó el viciado auto
ignorando tiempos y plazos procesales, apelando a argumentos ya objetados en
2016: La compra estaba prevista en el POA prefectural, los vehículos se
ajustaban a la descripción del clasificador presupuestario y el monto de del
cargo adjudicado estaba sobredimensionado.
¿La intención de parir tal contrahecho jurídico? Que se convierta en
otro incidente para intentar inhabilitar otra vez a Manfred sobre el límite del
plazo legal para someter impugnaciones al (TSE).
En palabras sencillas: operadores judiciales expuestos en su intención
de torcer el procedimiento jurídico, se reafirmaron en su capricho de
intervenir el proceso electoral, le “metieron nomás” otra vez, ésta, mofándose
del guardián constitucional y propinando un golpe al proceso democrático.
Ahora ese deforme engendro vuelve a su progenitor en Cochabamba, donde
Apodaca espera para notificar, también en tiempo récord, a las partes.
Ese no es el actuar de un operador de justicia, sino de un comisario
político. No hay ningún criterio legal en la obstinación de Revilla y Apodaca
por reproducir el instrumento viciado sino operar un “volteo” de los comicios
municipales.
No menos vil es la actitud carroñera del puñado de seudoopositores
rezagados en la contienda, insignificantes en las encuestas, pero atentos a
cosechar beneficios de un posible siniestro de la primera fórmula en
preferencia ciudadana, que ven imposible vencer en una justa democrática y
legal así que apuestan a secundar los afanes evistas de inhabilitación del
favorito.
Se lo advertí a Manfred el día que, cual veteranos exiliados de la
insurrección autonomista, compartimos un café y él me anunció que regresaba a
Bolivia con la esperanza de retomar el proceso de descentralización truncado
por el revocatorio inconstitucional al cual jamás se sometió. “No es el tiempo,
no hay condiciones mínimas”, le advertí, haciendo hincapié en que se había ya
perdido todo lo ganado con el esfuerzo popular de noviembre de 2019, el día
mismo que Jeanine Áñez asumía el gobierno.
Pero Manfred volvió y, desafiando a la plaga, la guerra sucia y la
judicialización de la política, por un momento su fuerza centrípeta hizo
orbitar de nuevo todo alrededor de él; todo excepto la sumisión viciosa de un
Poder Judicial intervenido e infiltrado por la más innoble de las criaturas
políticas: Evo Morales.
Su ordalía no ha terminado. Si vence este nuevo intento de prostituir la
justicia a los instintos primarios de la autocracia para-constitucional que
gobierna desde Lauca Ñ, deberá enfrentar un desafío más: Montar un mecanismo de
control electoral capaz de exorcizar el fantasma del fraude en el llenado de
actas.
El autor es magíster en comunicación política.
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