Una muerte en La Paz causa indignación y muchas dudas. Se
trata de Ángel G. A. J., quien falleció mientras se encontraba bajo custodia
policial de la División de Trata y Tráfico de Personas de la Fuerza Anticrimen
de La Paz, entre el 7 y 8 de abril de esta gestión.
La Defensoría indaga el caso por tortura seguida de muerte.
La Fiscalía lo hace bajo el tipo penal de homicidio.
La muerte de Ángel, producida el 8 de abril, fue a causa de
asfixia mecánica por broncoaspiración y anoxia cerebral. El caso levantó
polémica por las explicaciones escuetas que dieron diferentes jefes policiales,
además de la denuncia de la familia, que tenía sospechas de que habría sido
torturado.
“Queremos saber qué pasó. A veces, la Policía te tortura
para que hables y saber qué pasó”, indicó el hermano de Ángel, Adalid., quien
aseguró que su familiar tenía buena salud y que no padecía de ninguna
enfermedad.
Ángel, antes de perder la vida, era investigado por la
desaparición de su expareja Vanessa A. C., de quien no se conoce su paradero
desde diciembre de 2021.
La causa se abrió en la ciudad de El Alto por el delito de
trata de persona. Existía una orden de aprehensión en contra del ahora extinto,
por ser el principal sospechoso del hecho.
La Defensora del Pueblo saliente, Nadia Cruz, indicó que a
través de la recopilación de testimonios que realizaron, Ángel habría llegado
muerto a un centro de salud después de ser trasladado desde la Policía, pero,
además, los efectivos no quisieron otorgar información sobre su identificación
ni la del fallecido.
“Se ha solicitado de forma directa y oficial el inicio de
procesos para establecer las responsabilidades de quienes hubiesen estado en
custodia de esta persona al momento de su muerte. Nosotros hemos abierto una
investigación en el marco del mecanismo nacional de prevención contra la
tortura, sobre la posibilidad de la comisión de tortura seguida de muerte”,
señaló la Defensora del Pueblo.
FISCAL NO FUE INFORMADA
Sobre lo acontecido, la fiscal que lleva el caso de Vanessa,
Roxana R. C. A., realizó un informe dirigido a la Fiscalía General del Estado asegurando
que como dirección funcional de la investigación no tuvo conocimiento de los
actuados que realizó la Policía cuando se arrestó a Ángel.
Según el informe al que tuvo acceso Erbol, el teniente Boris
Gutiérrez, jefe de la División de Trata, sostuvo que el 7 de abril por la noche
Ángel se presentó para presuntamente confesar el feminicidio de su expareja
Vanessa. Procedieron a su arresto a las 23:30 en la modalidad de acción
directa.
Luego, según esta versión, en la madrugada del 8 de abril,
el arrestado pidió ir al baño y, cuando le sacaban la manilla, empezó a
descompensarse y convulsionar.
Sin embargo, la fiscal que investigaba la desaparición de
Vanessa aseguró que esa acción directa no fue puesta a su conocimiento hasta
las 11:35 del 8 de abril.
También en el informe, la fiscal hace notar que los
efectivos que tuvieron a cargo la custodia del arrestado no adjuntaron la
“entrevista policial” que realizaron, en la que, supuestamente, Ángel confesó
haberle quitado la vida a su expareja.
En ese marco, la fiscal concluyó su informe señalando que
todos esos actuados que realizó la Policía no fueron puestos a conocimiento de
su autoridad de manera oportuna, sino de manera extemporánea, después de 12
horas con 35 minutos, vale decir, después de la muerte de Ángel, haciendo notar
un incumplimiento de deberes de parte de los efectivos policiales.
Este medio intentó conversar con el responsable de la
División de Trata de Tráfico. Sin embargo, indicó que no tenía autorización
para declarar del tema.
FISCALÍA INVESTIGA LA MUERTE
A raíz de la muerte de Ángel, que estaba bajo custodia
policial, la Fiscalía inició una investigación de oficio contra los autores,
por el delito de homicidio.
“El Ministerio Público a emitido varios requerimientos en
los cuales se ha solicitado a la FELCC las cámaras de seguridad, también,
alguna información relacionada, justamente, al fallecimiento de la víctima.
También, se ha emitido requerimiento al Hospital de Clínicas”, dijo la fiscal
Juana Cortez, de Delitos Contra la Vida.
La Fiscalía indaga en las causas por las cuales se produjo
la asfixia mecánica por broncoaspiración y la anoxia cerebral. Para ello,
también se ha dispuesto realizar estudios complementarios como de toxicología
forense.
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