La Defensoría del Pueblo a nivel departamental, habría recibido una sola denuncia por racismo y discriminación en este último año, el caso de la docente de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho que fue destituida y enfrenta un proceso penal.
“Lastimosamente las personas no se animan a denunciar casos de racismo y discriminación por la burocracia de la justicia ordinaria y el largo tiempo que implica, es así que hoy lo que se busca es concientizar a la ciudadanía que debe respeto y armonía como lo establece la Constitución”, fueron las palabras de Walter Portillo, encargado de la Defensoria del Pueblo de Yacuiba.
Está institución observa que todavía existen muchos desafíos pendientes en nuestro país, que aún persiste la discriminación contra los pueblos indígenas, afrobolivianos, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, población LGBTI+, personas que viven con VIH-SIDA, migrantes y otros grupos en situación de vulnerabilidad; que aún persisten espacios de discriminación en el ámbito laboral, educativo o político.
El mayor desafío de Bolivia para cumplir con la erradicación del racismo y toda forma de discriminación es la correcta aplicación de la normativa vigente para la protección de los derechos humanos. Esto depende de las capacidades con las que cuentan las instituciones encargadas de su cumplimiento, que no siempre han sido las más adecuadas.
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