FRANCESCO ZARATTI
Algo se mueve en el sector energético boliviano. Lenta y
tímidamente, sin una visión integral, pero algo se mueve al fin.
Bolivia está sentada sobre la bomba de tiempo del fin del
ciclo del gas natural, por la explotación acelerada de los pozos y la insana
“nacionalización” que ha privilegiado la monetización de las reservas en lugar
de su reposición mediante la exploración. Consecuentemente, ingresan menos
divisas por la exportación de gas y se gasta más por la importación de
combustibles. Para muestra un botón: según la Fundación Milenio la
participación de la renta de hidrocarburos en los ingresos del gobierno central
ha bajado en siete años del 51% (2013) al 17%, menos que en 2004.
Por tanto, encaminar un proceso de transición energética no
es una opción para el Gobierno y el país, sino una necesidad y una urgencia. Es
un camino que una reciente “hoja de ruta”, propuesta por la Universidad
Católica Boliviana (UCB) por encargo del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), ha delineado con claridad.
Percibo que el actual ministro del ramo, sin duda el más
serio en más de una década, ha comprendido la necesidad de encauzar una
transición energética gradual hacia las energías renovables. En efecto, en los
últimos meses han salido a la luz dos decretos de gran relevancia.
El DS 4539 del 7 de julio aprueba incentivos tributarios
para promover la electromovilidad urbana y agrícola y, también, para importar
equipos de sistemas de energía. Esa medida, que está siendo reglamentada en
aspectos técnicos vitales, contribuye a reducir el costo de compra de los autos
eléctricos que, es sabido, representa el mayor obstáculo para la expansión de
la electromovilidad.
En esa misma línea, el decreto facilita el acceso a créditos
bancarios para la compra de un vehículo eléctrico a tasas de interés
equiparadas a un crédito productivo. Es una medida importante pero
insuficiente, ya que debería estar acompañada, por ejemplo, por la
obligatoriedad de recibir el auto a gasolina usado como parte de pago,
compensando con incentivos a las empresas comercializadoras, como se hace en
otros países. La gran ventaja económica de un auto eléctrico es que, con los
precios actuales de gasolina y electricidad, se ahorra hasta un 75% del costo
del combustible, lo que permite un repago acelerado.
La recarga de las baterías eléctricas requiere
infraestructura y generación eléctrica “distribuida” a partir de fuentes
renovables, incluso para alimentar la red de distribución. De normar esa
apertura “revolucionaria” se ocupa el DS 4477 del 24 de marzo de 2021. En
efecto, no tendría sentido que los autos eléctricos consuman la electricidad
generada por termoeléctricas, de modo que es urgente fomentar generación y
consumo de energía fotovoltaica y eólica y discontinuar gradualmente las
termoeléctricas de ciclo abierto por su baja eficiencia. Faltaría regular la
instalación obligatoria de puntos de recarga en garajes de condominios y en
estacionamientos públicos.
Hace falta un verdadero “plan de transición energética” que
identifique no solo problemas y desafíos, sino tiempos y medidas a implementar;
que involucre a actores institucionales, empresariales y sociales; que
cristalice procesos de diálogo para “seducir” acerca de esas medidas y su impacto
en la economía y en la vida del ciudadano; pero, también, que recoja
inquietudes y sugerencias de los usuarios.
El autor es físico y analista
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