El 26 de septiembre de este 2022, al promediar las 22:00, Ana Chocata A. fue hallada sin vida en una calle de la urbanización Janco Kota Sora, Oruro. La Policía llegó al lugar y constató que la mujer, de 37 años, ya se encontraba sin signos vitales. Un robo o un feminicidio eran las hipótesis que se barajeaban, pero ninguna acabó con ella. Ana recibió 25 puñaladas y, realizadas las primeras investigaciones, descubrieron un atroz crimen. Su hija y el novio de ella, ambos de 17 años, estaban detrás del macabro asesinato.
Una “prueba de amor” y “venganza” rodean la muerte de Ana. La mujer estaba a unas cinco cuadras de su casa cuando fue atacada de manera sorpresiva por un adolescente que ella no conocía, pero que su hija, de iniciales J.Q.Ch., había mandado para acabar con su vida.
“Quiero que lo hagas hoy”. Ese fue uno de los últimos mensajes que J.Q.Ch. envió al menor de edad, de iniciales G.F.C., que estaba dispuesto a cumplir sus órdenes para demostrarle su amor.
Parecía una jornada normal. Ana y su hija tomaron un vehículo de transporte público, desde el colegio de la menor de edad donde tuvieron una actividad, con destino a su hogar. En el trayecto, G.F.C. se subió al mismo auto. Las mujeres llegaron a la Parada, distante unas cuadras de su domicilio, pero la adolescente se adelantó y dejó atrás a su madre.
No hubo testigos del crimen. Ana apareció muerta en una calle con deficiente iluminación. A los 10 minutos del asesinato, una vecina buscó a J.Q.Ch., hija mayor, para avisarle que su progenitora había fallecido a causa de varias puñaladas.
La hija de la víctima confesó el crimen. Según Mauricio Ramírez, fiscal de materia de Oruro, el hecho de sangre fue planificado hace un mes. Los adolescentes procesados eran amigos y conversaron, en tres oportunidades, sobre la relación quebrantada de madre e hija.
Ella le contó que su madre era violenta y que la reprendía todo el tiempo. “No la aguanto más” y “quiero que desaparezca”, le dijo. El adolescente le respondió “no te preocupes, yo lo voy a hacer”.
Durante su segundo encuentro, él le obsequió un anillo como símbolo de promesa. J.Q.Ch. planeó el crimen y su enamorado G.F.C. sería el autor material.
INFANCIA LEJOS DE CASA
El jefe de la Dirección de Igualdad de Oportunidades de Oruro, Luis Martínez, dijo que la relación de Ana con su hija mayor estaba “deteriorada”. La adolescente tenía resentimiento y sed de venganza.
Ana vivía con sus dos hijas, de 17 y 13 años, en Janco Kota Sora. No siempre estuvieron juntas. Martínez contó que la mujer dejó a su hija mayor, cuando tenía cuatro o cinco años, en un centro de acogida de Cochabamba. Volvió por ella unos cinco años después y, desde entonces, la relación no era buena.
La familia de Ana la recuerda como una mujer trabajadora y sacrificada por sus hijas. Actualmente, la mayor se encuentra en el Centro de Reintegración Social Renacer de Oruro, con detención preventiva, mientras la menor quedó al cuidado de su padre biológico. El enamorado de la autora intelectual confesa también está en el centro para menores infractores.
PRUEBAS DEL CRIMEN
Las conversaciones entre los adolescentes prueban que el crimen fue planificado. La Policía colectó otros elementos más, entre ellos un cuchillo, zapatillas y prendas de vestir con manchas de sangre.
El cuchillo que presuntamente fue usado para acabar con la vida de Ana estaba oculto al interior de un peluche de unicornio. El arma punzocortante se encontraba en la habitación de la menor de edad. Según las investigaciones, los autores se vieron después del asesinato y él le dejó el cuchillo no sin antes decirle “ya no te preocupes más, todo va a estar bien”.
J.Q.Ch. reveló el plan y detalles del crimen. Los enamorados habían planeado encontrarse el 27 de septiembre en el Parque Tiahuanaco. La Policía aprehendió a G.F.C. en ese lugar, donde pretendía encontrarse con su amada.
El 29 de septiembre, el Juzgado de Niñez y Adolescencia No. 1 de Oruro determinó para ambos adolescentes la detención preventiva en el Centro de Reintegración Social Renacer debido a que son menores de edad.
El presunto autor material, quien no admitió su autoría, tiene antecedentes. Fue sentenciado antes a un año y cuatro meses de cárcel por robo agravado y lesiones graves y leves, pero tenía “libertad asistida”.
No descartan que haya un tercer implicado en el asesinato de Ana. El caso está en proceso de investigación.
ADOLESCENTES NO SON JUZGADOS IGUAL QUE ADULTOS
J.Q.Ch. y G.F.C., imputados por parricidio y asesinato, respectivamente, no podrán ser juzgados como adultos debido a que tienen 17 años. Lo máximo que recibirán por el crimen cometido es seis años de cárcel por ser menores de edad amparándose en la Ley 548, Código Niño, Niña y Adolescente.
El fiscal de materia de Oruro, Mauricio Ramírez, explicó que un adulto sería sentenciado, por ambos tipos penales, a 30 años de privación de libertad, pero la “norma especial” para menores de edad establece que cumplan solo una quinta parte del máximo. Se aplica la responsabilidad penal reducida.
“El procedimiento para juzgar a menores es distinto a un procedimiento ordinario. Los infractores desde los 14 años son imputables. En este caso, el Ministerio Público tiene unos 35 días para investigar, colectar elementos y con eso iremos a juicio oral donde se solicitará medidas socioeducativas. En la audiencia no hubo terminación anticipada, que en caso de adultos se llama procedimiento abreviado”, explicó.
Los delitos con penas más altas en Bolivia son asesinato, violación agravada, parricidio y feminicidio llegando a 30 años de privación de libertad. El pasado 15 de agosto, el feminicida de Laura Daniela C.B. recibió seis años de reclusión, por ser menor de edad, en Cochabamba. No es el único caso.
Distintos colectivos han cuestionado en varias oportunidades las sentencias mínimas para jóvenes agresores que saldrían de los centros de rehabilitación entre los 21 y 24 años constituyéndose en un “peligro para la sociedad”. Los autores, en su mayoría, actuaron con saña, premeditación y sin remordimiento.
LOS CASOS MÁS SORDIDOS
El reciente asesinato de Ana Chocata planificado por su propia hija y ejecutado por el novio de ella remeció a los bolivianos. Y es que la frialdad y crueldad con la que los adolescentes, de 17 años, acabaron con la mujer, de 37 años, trajo a la memoria los casos más sonados de parricidio.
Steve Budy E. fue presentado en mayo de este año como el autor principal del asesinato de su padre, quien murió con 67 puñaladas. El crimen sucedió en la zona de San Pedro, en La Paz, el 27 de abril.
Se conoce que Steve tomó un cuchillo y agredió a su progenitor con 67 puñaladas. Las lesiones provocadas por el arma punzocortante se centraron en el abdomen y el cuello, dijo el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en esa oportunidad.
La Policía hizo el levantamiento del cadáver, que yacía adentro del domicilio. El hijo, la enamorada y uno de sus amigos estarían implicados. Según la autopsia legal, la muerte fue por un shock hipovolémico posthemorrágico, debido a las zonas afectadas.
Steve Budy E., de 23 años, se encuentra con detención preventiva en el penal de Chonchocoro, La Paz.
Otro caso de parricidio ocurrió en agosto de este 2022, donde un joven, de 19 años, estranguló a su madre con un “kimsa charani” y luego la golpeó con un objeto contundente, en La Paz. Su defensa argumentó que él tiene problemas mentales y que incluso, por ese motivo, fue dado de baja del cuartel. La Justicia lo envió preventivamente al penal de Chonchocoro.
En junio de 2021 los bolivianos fuimos testigos de otra terrible noticia. El patio de una casa en Santa Cruz se había convertido en una tumba. La noche del 23 de junio, un grupo de investigadores ingresó a la vivienda de Florencio Cadima Ponce, el exmilitar de 78 años que estaba desaparecido desde mayo de 2020, ubicada en la urbanización Toborochi, al sur de la ciudad. Su propósito era encontrar al hombre perdido y, en esa tarea, descubrieron sus restos óseos enterrados, a unos dos metros de profundidad, en el patio de su domicilio, inmueble que era objeto de un pleito de herencia.
Según las indagaciones policiales, la propiedad del exmilitar estaba en litigio y él temía que lo desalojen. Por eso, llamó a su hija Irma C.O., que vivía en Cochabamba, para que lo acompañara y evitar ese extremo. Ella se trasladó a Santa Cruz con su esposo y sus dos hijos, pero su convivencia se convirtió en un “infierno”.
La herencia, el rencor y un plan atroz rodean el crimen. Su exesposa Irma O., su hija Irma C.O. y el esposo de ella Henry A.T. son los presuntos autores de la muerte, y fueron enviados preventivamente al penal de Palmasola por los delitos de asesinato y parricidio, respectivamente.
Los responsables quisieron “ocultar el crimen”. Florencio falleció por un golpe contundente en la cabeza. Sus familiares lo cubrieron con una sábana blanca y lo enterraron con “vista al cielo” para evitar la prisión. Se presume que lo mataron para quedarse con el inmueble.
Una de las hijas de la víctima, que radica en Londres, preguntaba constantemente por su padre, pero su hermana (procesada por parricidio) le decía que reportó la desaparición y que la Policía estaba haciendo su trabajo, y que solo les quedaba esperar. A otros les decían que el exmilitar viajó y que desconocían cuando retornaría.
Florencio y su esposa Irma O. tuvieron nueve hijos. Unos días antes del macabro hallazgo, su hija, que vive en el extranjero, se contactó por teléfono con la Policía para reportar la desaparición. También les hizo conocer que perdió comunicación con dos de sus hermanas, desde hace unos nueve meses, y pidió que realicen la búsqueda.
Esa alerta movilizó a los investigadores, quienes descubrieron que Florencio, poco antes de su desaparición, denunció a su hija Irma por maltrato.
Los implicados en el violento hecho se contradijeron en sus declaraciones. Primero, admitieron su participación en el crimen, pero les dijeron a los investigadores que el cuerpo de Florencio fue arrojado en el río Piraí.
Luego, Irma O., exesposa de la víctima, les dijo que los restos del exmilitar estaban en el mismo inmueble y los dirigió hasta el sitio donde enterraron el cadáver. Esa no fue la única contradicción; una versión apunta como autora material a la exesposa y la otra a la hija de la víctima.
La Policía, en su reporte inicial, dio a conocer que la expareja de Florencio fue la que planificó el crimen y que su hija lo mató, mientras su yerno es procesado por complicidad debido a que prefirió callar y ocultar la muerte.
Irma O., la madre de los hijos del exmilitar, se atribuyó el crimen durante la audiencia de medidas cautelares y pidió que sus familiares sean liberados. La mujer, de 80 años, dijo que su exesposo era abusivo con ella, su hija y sus nietos y que por eso lo mató. Señaló que, desde entonces, “duerme tranquila”.
Los exesposos estaban viviendo en la misma casa, pero en habitaciones separadas, cuando ocurrió el hecho. Se habían alejado hace unos 20 años y algunas veces convivían en la misma propiedad, pero no siempre era así.
La adulta mayor declaró ante la jueza que es “la única culpable”. Relató que golpeó a su exesposo, cuando él estaba de espaldas, con una barreta de fierro en la cabeza. “Es redondo y mide más de un metro, es más alto que mi bastón”.
“No se cayó porque quedó medio borracho. Se sujetaba de la puerta del baño, mientras estaba acercándome para rematarlo, pero mi hija me atajó. Ella me dijo mami modérese, qué le pasa, pero él seguía vivo (…). Mi hija me dijo que vaya a ver a los chicos, pero no quise y me senté y pensé que Florencio podía denunciar ante la Policía y si hacía eso iba a decirles que él era violento y que pegaba a mis nietos, a mi hija y a mí”, contó la mujer.
Luego, señaló que tomó un arma blanca, se acercó al cuerpo y acabó con la vida del padre de sus hijos. Añadió que ordenó a sus nietos cavar una fosa para enterrar el cuerpo de Florencio, mientras su hija lloraba en su habitación. “Lo envolvimos en una sábana blanca con vista al cielo y lo enterramos. Después, limpiamos toda la casa, especialmente su cuarto”.
La mujer aseguró ser la autora material del crimen. “Yo lo asesiné, sola. Nada que ver mi familia, ósea todo tiene que recaer sobre mí. Dejen a mi familia, he sido yo”.
Su hija Irma C. apoyó la versión de su madre y mencionó cual fue su participación. Ella aseguró que la barreta y el machete colectado por los investigadores no fue el que su progenitora usó para cometer el delito. Acotó que ella desapareció esas evidencias, al igual que las prendas de vestir que la incriminaba. “Lo metí a una bolsa y lo quemé porque me daba pena que mi madre que ya es viejita se vaya a Palmasola (…). Qué íbamos a hacer, yo cavé el pozo, mientras mi madre me pasaba agüita. Todo para que ella no se vaya presa, estoy consciente de que hice eso y le pido perdón a mi padre”.
En cambio, la versión de Henry A., yerno de la víctima, es distinta, según un video difundido por Bolivisión. Él refirió que se encontraba en la ciudad de La Paz cuando su suegro perdió la vida. “Retorné al cabo de un mes y me percaté que él (mi suegro) no estaba”.
El hombre declaró que su suegra y su esposa discutían por la herencia de la casa. Sobre el día del crimen, Henry dijo que su pareja le comentó que Florencio llegó a su vivienda en estado de ebriedad y que la agredió física y verbalmente.
“Mi esposa ingresa a la ducha, agarra un fierro y lo golpea en la cabeza. Siguieron peleando hasta llegar al cuarto de mi suegro. Mi esposa se subió encima de mi suegro y con un machete lo degolló. Ella mandó a mis hijos y a mi nieto a la cancha, donde esperaron a que ella los llame, mientras se ocupó de enterrar a su padre”, manifestó.
El procesado señaló que no reportó a la Policía porque se trataba de su pareja y argumentó que “no era el único que tuvo conocimiento”, sino también su suegra, quien ahora dice ser la única responsable del asesinato.
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