El Ministerio de Gobierno emitió una resolución que instruye
que los jefes policiales deben someterse de manera obligatoria a la prueba del
detector de mentiras y que todos los policías deben presentar una declaración
jurada de vínculos familiares. Además, ordenó otras medidas que buscan la
reestructurar y limpiar la imagen de la Policía Bolivia, que fue golpeada por
presuntos vínculos con el narcotráfico.
ANF
“De manera
obligatoria los jefes de todas las Unidades policiales sean sometidos a la
prueba del polígrafo y de manera aleatoria para todos los servidores públicos
policiales de la misma unidad”, establece el quinto punto de la resolución que
leyó este miércoles el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
Romero emitió esta resolución para cambiar a todo el
personal policial del departamento de Santa Cruz y se investigue a los que
estén implicados en ilícitos, incluidos los jefes de Interpol.
La resolución, según Romero, tiene el fin de limpiar la imagen
de la Policía Boliviana que ha sido “profundamente afectada” en las últimas
semanas por supuestos vínculos de exaltos jefes departamentales de Santa Cruz
con el narcotráfico.
Seis disposiciones de la resolución
Reestructuración de
todas las unidades policiales que están acantonadas en Santa Cruz y la
reubicación de todo el personal que este cuatro o más años prestando servicio
en dicho departamento.
Baja de Medina y
Moreira y de todos los policías que resulten involucrados en actos delictivos.
Ampliación de la
investigación administrativa y penal contra el coronel Erick Olguin, teniente
Wilder Romero López, sargento Janeth Arispe, directores nacionales de Interpol
de 2014 a 2018, y los directores departamentales de Interpol Santa Cruz de los
mencionados años, todos por omitir la captura de Pedro Montenegro.
En el file personal
los policías deben incluir una declaración jurada de vínculos familiares y de
afinidad hasta el cuarto grado de consanguineidad y segundo de afinidad.
Los policías deben
someterse a la prueba del polígrafo.
Se homologan las
determinaciones y la orden de recomendación, emitidas en reunión del Estado
Mayor el 24 de abril de 2019.
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