La capital constitucional del país abrió los debates del mes patrio con una propuesta que busca orientar la discusión sobre la redistribución de los recursos públicos bajo el esquema 50/50. Días antes de recibir a las autoridades por los 201 años de la fundación de Bolivia, Chuquisaca presentó un planteamiento elaborado con apoyo técnico de la Universidad San Francisco Xavier y respaldado por las instituciones de este departamento.
“Es una propuesta en la que todos ganamos y todos perdemos;
o, mejor dicho, todos cedemos”, explicó a EL DEBER la secretaria de
Planificación de la Gobernación de Chuquisaca, Daniela Carrasco, responsable
técnica del proyecto. El documento surgió de varias alternativas evaluadas
mediante un simulador desarrollado por la universidad chuquisaqueña. En
principio se analizaron cuatro modelos, pero con la llegada del gobernador Luis
Ayllón se incorporó una quinta opción, que unificó criterios entre las autoridades
locales del país.
La propuesta establece que el 50% de los recursos de
coparticipación tributaria destinado a gobiernos subnacionales y universidades
se distribuya de la siguiente manera: 10% para el sistema de universidades
públicas, 12% para las nueve gobernaciones, 27% para los municipios del país y
1% para los pueblos indígena originario campesino.
El otro 50% permanecería bajo administración del Gobierno
central para cubrir el funcionamiento del aparato estatal. Sin embargo, el
planteamiento busca que la nueva distribución venga acompañada de una mayor
autonomía financiera y de gestión para gobernaciones y municipios.
Carrasco explicó que el modelo incorpora criterios de
población y equidad territorial. Además, prevé la creación de un Fondo de
Compensación destinado a los municipios con mayores niveles de pobreza y menor
capacidad de generación de ingresos. Ese fondo equivaldría al 5% de los
recursos nacionales de los que el 3% provendría del Tesoro General de la Nación
y el 2% restante llegará con aportes de gobernaciones y alcaldías con mejores
indicadores de crecimiento, para apoyar a las regiones más rezagadas.
Otro componente es un plan de alivio para la deuda interna
de los gobiernos departamentales y municipales. La idea es que esas
obligaciones con el Estado sean reducidas de manera gradual y, en determinados
casos, absorbidas por el nivel central a medida que avance la aplicación del
nuevo pacto fiscal.
El planteamiento cuenta con el respaldo del Consejo
Chuquisaqueño, una entidad que reúne a instituciones cívicas, políticas y
sociales del departamento. Por ahora, el documento evita abrir la discusión
sobre la transferencia o devolución de competencias, porque las autoridades
consideran que ese debate puede empantanar el acuerdo sobre el 50/50.
Modificar el régimen competencial exigiría, según los
impulsores, una reforma de la Constitución Política del Estado o la aprobación
de un amplio paquete de leyes en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ambos
caminos son vistos con cautela por la volatilidad política y la falta de
consensos estables en la Asamblea
Legislativa, donde las reformas estructurales suelen depender de complejas
negociaciones entre bancadas.
Con el respaldo de la alcaldesa de Sucre, Fátima Tardío, y
de los alcaldes de los demás municipios del departamento, la propuesta será
presentada en una mesa técnica organizada por la Presidencia. El objetivo es
alcanzar un primer acuerdo entre gobernaciones, municipios y universidades
antes del encuentro previsto para el 5 de agosto en el Salón Rojo de la
Gobernación de Chuquisaca. La reunión forma parte de la agenda por el 6 de
Agosto.
De este modo, Chuquisaca busca que la conmemoración patria
no se limite a los actos protocolares y se convierta en el punto de partida de
una discusión nacional sobre autonomía, equilibrio territorial y una equitativa
redistribución de recursos a partir de un nuevo pacto fiscal.
El Deber
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