Detención domiciliaria con salida laboral y posibilidad de viajes; sin garantías ni presentación ante la Fiscalía, esos fueron los beneficios que logró el gobernador de Potosí, Johnny Mamani, en la audiencia cautelar a la que fue sometido este lunes, así lo manifestó la diputada, Lissa Claros, que es una de las denunciantes.
“El gobernador fue beneficiado con detención domiciliaria, salida laboral y puede viajar, se hicieron la burla, nosotros sabíamos que esto iba a pasar, esas medidas son un escándalo porque la Fiscalía pidió detención domiciliaria, para empezar”, protestó la diputada de Comunidad Ciudadana.
El escándalo de las 41 ambulancias para la Gobernación de Potosí fue denunciado por EL DEBER en enero de este año y la Fiscalía tardó más de una semana en empezar “investigar” el escándalo. Desde entonces, el gobernador salió beneficiado en todas las instancias; su audiencia cautelar tardó en instalarse nueve meses, para que el juez determine que puede seguir trabajando con normalidad.
La diputada Claros dijo que junto con Mamani, otros cinco funcionarios fueron a la misma audiencia cautelar, y el juez decidió las mismas medidas, además no tienen que presentarse ante el fiscal, como habitualmente ocurre, por tanto, el escándalo de las ambulancias no tiene ningún detenido en alguna cárcel.
El dueño de la empresa que pactó la venta de los vehículos, Estefals Logistic, Humberto Huanca, tampoco fue detenido por ese caso y el Gobierno decidió iniciar otra investigación por el delito de legitimación de ganancias ilícitas y en abril de este año fue detenido en el penal de San Pedro en La Paz, por tanto, el caso de las 41 ambulancias es un tema periférico.
El caso se remonta a diciembre del pasado año cuando la Gobernación anunció la compra de las 41 ambulancias, una para cada municipio del departamento, para combatir el Covid-19. Amparada en el decreto referido a la pandemia, la adquisición de los vehículos fue directa y sin proceso de contratación.
El delito fue descubierto luego que se constatara que las ambulancias nunca fueron entregadas, pero figuraban como si ya la Gobernación las tendría. Eran vehículos usados que requieren combustible que no se usa en el país. Además, la empresa vendedora se conformó un mes antes de la compra.
Ahora, los querellantes, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), los legisladores de oposición y parte de la Asamblea Departamental, anunciaron su apelación a la medida abierta del juzgado potosino que benefició a Johnny Mamani.
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