Vania Lanchipa Ramírez es consultora en la caminera hace 11
meses. No está en planta, por lo que no reportó su declaración jurada de bienes
en la Contraloría. Ella y el director de Comunicación de la Fiscalía dicen que
tiene derecho a trabajar
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) es
investigada por presuntos hechos de corrupción. Su presidente, Henry Nina, y
casi una docena de funcionarios fueron denunciados por el diputado Héctor Arce,
del MAS, de recibir Bs 18,3 millones para adjudicar la carretera Sucre- Yamparáez.
Ahora surge un nuevo elemento, se revela que Vania, la hija del fiscal general,
Juan Lanchipa, trabaja en la entidad caminera desde hace, al menos, 11 meses.
Este medio conversó con Vania Lanchipa, y con el jefe de
comunicación de la Fiscalía General del Estado, José Luis Tarquino, en
representación del fiscal general. Ambos admitieron que ella trabaja en ABC,
pero sostuvieron que no tiene nada de malo.
Vania Lanchipa, abogada de profesión, respondió: “sí trabajo
en la ABC. Se trata de una consultoría que tengo desde el año pasado, a
mediados de agosto, una labor que ejecuto por contratos de corto tiempo”.
Luego complementó que no tiene un año trabajando de manera
continua. “Son unos 11 meses, aproximadamente”.
Cuando se le consultó si su presencia en la ABC genera un
conflicto de intereses debido a que su padre es la máxima autoridad ejecutiva
del Ministerio Público que investiga un presunto pago de coima en esa
institución, Vania Lanchipa respondió que “no”.
“Para nada, porque la función que yo cumplo en la ABC es de
consultora, no tengo nada que ver con el área jurídica ni administrativa, no
tengo nada que ver con los contratos, contrataciones ni licitaciones. Yo estoy
completamente aislada de los hechos que aquejan a esta institución”, manifestó.
Por su lado, Tarquino declaró a EL DEBER: “Sí, efectivamente
ella está trabajando en la ABC. Pero, primero, toda persona tiene derecho al
trabajo y no precisamente elige qué fuente de trabajo. Se lo gana de acuerdo a
sus capacidades profesionales y ella tiene una formación que le permite buscar
un trabajo, porque es una persona independiente que tiene su familia, un hogar
constituido y vive en La Paz, por lo tanto, está habilitada para conseguir un
puesto como cualquier otra persona”.
Este caso tenía hasta el lunes dos personas con detención
preventiva en la cárcel de San Roque, de Sucre: el gerente de la empresa china
Chec, Jin Zhengyuan, y el exgerente técnico de ABC, Cristian Mendieta. Tras una
audiencia judicial el martes, ambos salieron de la cárcel y ahora están
sometidos a detención domiciliaria.
Tarquino opinó que “no hay para nada un conflicto de
intereses. El fiscal general actuó como corresponde. El caso está en manos de
investigadores de la Fiscalía Departamental de Chuquisaca. Las determinaciones
son completamente independientes. Se ha cumplido con eso, el trabajo del
Ministerio Público fue presentar ante un juez todo el contenido de la
investigación y de las personas implicadas y el vocal tomó una determinación de
sacarlos de prisión y llevarlos a domiciliaria, decisión absolutamente
independiente de la autoridad jurisdiccional. Todo esto no tiene nada que ver
con el trabajo de la doctora Lanchipa en la ABC”, justificó.
Vania Lanchipa admitió que esta indagación sí le ha generado
un conflicto dentro la institución. “He recibido llamadas y cuestionamientos
sobre mi función aquí adentro. Internamente me incomoda mucho todo esto, porque
impiden que me desarrolle de la forma natural, normal en mi profesión”.
Expresó que es la forma en la que sostiene su hogar, “que es
mi hijo; soy madre soltera y estas intromisiones en mi vida privada sí me
perjudican”.
El jefe de Comunicación de la Fiscalía manifestó que no
conocía cuál era el área específica en la que Vania se desempeña en la ABC,
“pero son contratos menores.
Es consultora, ni siquiera es empleada de planta, no tiene
declaración jurada ante la Contraloría. Eso está aislado de la influencia que
pueda tener su trabajo con el Ministerio Público. Son cosas completamente
independientes, nada interfiere lo que ella hace en la ABC con la labor
investigativa del Ministerio Público”.
La abogada participó en una adjudicación. “Fue una
convocatoria que lanzó la ABC. Yo me postulaba a todas las que podía y gracias
a Dios pude obtener esta consultoría”, acotó.
Explicó que como parte de su trabajo, de forma general
revisa la documentación que ingresa al área nacional técnica sobre los
proyectos que tienen que ver con las subgerencias de construcción, conservación
vial y socioambiental. “Asisto a las reuniones que pueden ser convocadas por la
gerencia nacional técnica, que tiene que ver con coordinación con el área
jurídica, sobre la administración y gestión de los proyectos que ya están
encaminados, coordino con las demás áreas. Entonces, hago la revisión de la
documentación que ingresa, las cartas que deben ser externas o internas,
dependiendo de los requerimientos, programo y elaboro las actas de las
reuniones, y un par de diligencias internas que están en los términos de
referencia y tienen que ver con mi contrato”.
La consultoría termina la primera semana de noviembre.
Tarquino calificó esta situación de una persecución “a personas que no tienen
nada que ver. Lo único que pretenden es dañar la integridad de una familia y la
de una persona constituida legalmente, y que no tiene nada que ver. Ella es
completamente independiente de su padre, es una joven profesional que tiene
derecho a desempeñarse tanto en el ámbito público como privado”, aseveró.
De forma paralela, un informe del Viceministerio de
Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, al que tuvo acceso EL
DEBER, detalla 14 hechos de presunta corrupción que se cometieron en la
Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) regional La Paz, durante el año
2021. Estos hechos se reportaron al presidente de la caminera y al Ministerio
de Obras Públicas, pero no recibieron respuesta.
Las denuncias apuntan principalmente al exdirector de la
regional paceña de ABC, Olguer Alcón. El documento de transparencia señala que
“todas las irregularidades y hechos indebidos descritos previamente, 14 en
total, son de conocimiento pleno de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE, Henry
Nina), siendo la misma responsable de tomar acciones inmediatas y oportunas
para evitar actos de corrupción. Por el contrario, la MAE permite y se
involucra en estas acciones indebidas. Siendo muy importante mencionar que se
debe investigar y revisar todos los actuados de la gestión de la MAE actual”,
dice.
Recomienda “la intervención de auditoría, unidades de
transparencia, Contraloría y otras instancias que coadyuven en el
esclarecimiento e investigación en la gestión Henry Nina, por los supuestos
delitos de uso indebido de bienes del Estado, cobros indebidos para
adjudicación, pago de planillas y otros”.
Contexto
El 10 de septiembre de 2018, durante el Gobierno de Evo
Morales, el abogado Fausto Juan Lanchipa Ponce fue designado como fiscal
general de la Nación con 116 votos de 152 emitidos en la Asamblea Legislativa.
Entonces, el Parlamento necesitó de dos votaciones para definir su elección, ya
que en la primera vuelta logró solo 103 votos a su favor de 105 necesarios para
obtener los dos tercios de votos válidos requeridos por ley.
Su gestión finaliza el 2023 y para reemplazarlo se
necesitarán los dos tercios de los votos de los presentes, que no tiene el MAS
en esta legislatura, lo que podría llevar a un empantanamiento como se registró
en el caso del defensor del pueblo y del contralor general.
Lanchipa se mantuvo en el cargo durante la gestión de la
expresidenta Jeanine Áñez. Cuando el MAS retornó al Gobierno, en principio,
señaló que ese gobierno fue transitorio y legal, pero posteriormente encabezó
las investigaciones de los casos denominados Golpe I y II. En uno de ellos la
expresidenta ya fue condenada.
Los casos de la coima por la vía Sucre-Yamparáez, la
supuesta compra fraudulenta de 51 ambulancias por la Gobernación de Potosí a
principios de este año, o la acusación contra supuesto financiamiento del
narcotráfico a la campaña del MAS fueron declarados en reserva por la Fiscalía.
En el denominado “caso coima”, se informó primero que la
reserva terminaría el 13 de septiembre. Pero, se dijo que que será el viernes
16.
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