La Razón
Luis Valverde Ferrufino ordenó el retorno de seis carros de
asalto, que participaron en el operativo de traslado de carburantes de la
planta de Senkata, el 19 de noviembre de 2019, tras lo cual hubo la represión a
los movilizados, que se saldó con 10 fallecidos.
El fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío,
reveló este martes que se realizó la primera imputación por la “masacre” de
Senkata del 19 de noviembre de 2019. Se trata del general en retiro Luis
Fernando Valverde Ferrufino, quien entonces cumplía funciones como director de
la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), del Ministerio de Hidrocarburos.
Según la acusación, ese día Valverde estaba al tanto del
operativo militar y policial para el traslado de combustible y gas licuado de
petróleo desde la planta de Senkata hasta el regimiento Ingavi de El Alto, bajo
el amparo de un decreto de la presidenta Jeanine Áñez que eximia de cualquier
cargo penal a los efectivos castrenses para restablecer el orden.
Eran momentos de protestas en el país, tras la renuncia del
presidente Evo Morales, el 10 de noviembre, asfixiado por paros cívicos, un
motín policial, la sugerencia de las Fuerzas Armadas para su dimisión y un
informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que alimentó el discurso
del fraude electoral. Por ello, Senkata se encontraba bloqueada.
Cossío explicó que el operativo que empezó a las 10.30 fue
efectuado con éxito. Sin embargo, ante la rearticulación de las protestas y la
amenaza de la gente para voltear el muro perimetral de la planta, se tiene
datos de que Valverde dio la orden para el retorno de seis mecanizados
blindados que protegían el convoy de cisternas, a la planta engarrafadora de la
zona alteña.
“Dispuso ponerse de nuevo su grado de general. Eso nos llama
la atención, ya que solo estaba como director de la ANH”. El fiscal señaló que
la información fue confirmada por militares que estaban en los carros de asalto.
Se estableció que Valverde se comunicó con el entonces ministro de
Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, para tomar la determinación.
Además, por las pruebas recolectadas se tiene que los
disparos que provocaron los 10 decesos y heridos provinieron tanto de estos
mecanizados blindados como del interior de la planta de Senkata. Cossío indicó
que los delitos por los que se imputa a Valverde son incumplimiento de deberes,
asesinato, homicidio, lesiones graves y leves, entre los principales.
Añadió que ya se solicitó al juez que programe una audiencia
de medidas cautelares, en la que se pedirá la detención preventiva del general
en retiro, quien será notificado en Cochabamba, donde reside. Cossío afirmó que
Valverde, en su declaración informativa, dijo que solo cumplió la ley y ordenó
el retorno de los blindados para evitar un “mal mayor”.
Eso no es todo. También se amplió la investigación a los
exministros Arturo Murillo (Gobierno) y Luis Fernando López (Defensa), quienes
están prófugos en Estados Unidos. Se los apunta por los delitos de
incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las
leyes, al haber firmado el decreto que establece el plan del operativo.
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