ÁGORA
REPUBLICANA
Publicado
el 09/02/2021
Un mes de campaña, por las redes sociales, contra la
irracionalidad de las filas para obtener el resultado de un trámite ha generado
una crítica ciudadana que deja en evidencia el nivel de debilidad del aparato
administrativo del Estado para dar respuestas oportunas y eficaces.
Esta campaña que siempre habría sido necesaria, adquiere
en este momento una importancia mayor debido a las probabilidades de contagio y
los resultados fatales que tiene la Covid-19. No se trata solo de la molestia
común de hacernos perder el tiempo sin misericordia en condiciones deplorables
de horarios, espacios y circunstancias climáticas. Resulta que cada una de esas
filas, en las actuales circunstancias, es una invitación al contagio y una
irracionalidad cuando se exige a la población que evite las aglomeraciones y se
quede en casa.
Desde el punto de vista humano, no existe la posibilidad
de encontrar una explicación plausible para esas filas burocráticas que se
repiten en las instituciones públicas, entidades bancarias, AFP y una lista
larga de ventanillas donde se exige fotocopias y un folder amarillo para dar
curso a lo que se pide. Por eso se ha señalado la importancia de la
digitalización de procedimientos y de la atención en red.
Existiendo una concientización creciente sobre el repudio
que genera esa práctica, corresponde generar el debate de fondo acerca de la
necesidad de ese tormento. La función pública, el servicio público, el aparato
administrativo del Estado existen para facilitar la vida de las personas en
sociedad. La presencia de las filas demuestra la ausencia real de ese
compromiso y una incapacidad evidente de ofrecer las respuestas oportunas que
la gente necesita.
El administrado es el sujeto por el cual la burocracia se
justifica. La calidad de administrado no tiene condición de edad, sexo,
nacionalidad ni estatus social. Somos administrados todas las personas que
vivimos en un Estado y que necesitamos un servicio público. Eso se extiende
desde la concepción hasta la vejez. Nadie escapa a la necesidad de un servicio
público en la vida cotidiana: transporte, salud, educación, espacio compartido,
calidad de vida, sostenibilidad ambiental… Es el derecho de cada persona, y
para ejercerlo se requiere de una autoridad responsable y de un procedimiento
para ser cumplido. Su ausencia, demuestra un vacío en la gestión. En este caso,
deja en evidencia esos vacíos de la manera más torpe y triste: el Estado
boliviano no tiene la capacidad para evitarle a su población el suplicio de una
fila inhumana. Las autoridades, preocupadas en los discursos, no se están
tomando el trabajo de evitar a los habitantes, el riesgo de contagio,
enfermedad y sus consecuencias.
No se trata de una fila, solamente. Se trata de un modo
irresponsable de tratar a las personas y de despreciar la vida. Tenemos el
derecho de exigir que eso cambie.
El autor es director de Innovación del
Cepad.
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