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La controversial ley Pacte, que incluye la privatización de Aeropuertos de París (ADP), fue promulgada ayer por el gobierno de Francia con su publicación en la Gaceta oficial. Hace pocos días el Consejo Constitucional había validado el proyecto de ley impulsado por el gobierno de Emmanuel Macron, que autoriza la privatización de ADP, una medida muy criticada y que la oposición quiere someter a un referendo.
El denominado Plan de acción por el crecimiento y la transformación de las empresas (Pacte) también recibió el visto bueno de la Asamblea Nacional gracias a la mayoría parlamentaria de que dispone el gubernamental movimiento La República En Marcha.
No obstante, los partidos de oposición mantienen un férreo rechazo a la normativa, en esencia por estar en desacuerdo con la privatización de ADP, por lo cual están promoviendo un referendo popular.
El mismo Consejo Constitucional validó la semana pasada la iniciativa de convocar a una consulta, al considerarla acorde con la carta magna.
En un hecho inédito en esta nación europea, 248 parlamentarios de diversas formaciones de oposición, tanto de derecha como de izquierda, lograron un acuerdo para proponer el referendo y defenderlo.
Una vez conseguido el visto bueno del Consejo Constitucional, los promotores deberán reunir en nueve meses las firmas del 10 por ciento del cuerpo electoral, equivalente a unos 4,5 millones de franceses.
Si logran ese requisito, considerado muy difícil, el tema deberá volver al Consejo Constitucional para validar las firmas.
De resultar positivo ese paso, luego el presidente Macron estará obligado a convocar al referendo si en un plazo de seis meses el tema no es discutido en el Parlamento.
La controversial ley Pacte, que incluye la privatización de Aeropuertos de París (ADP), fue promulgada ayer por el gobierno de Francia con su publicación en la Gaceta oficial. Hace pocos días el Consejo Constitucional había validado el proyecto de ley impulsado por el gobierno de Emmanuel Macron, que autoriza la privatización de ADP, una medida muy criticada y que la oposición quiere someter a un referendo.
No obstante, los partidos de oposición mantienen un férreo rechazo a la normativa, en esencia por estar en desacuerdo con la privatización de ADP, por lo cual están promoviendo un referendo popular.
El mismo Consejo Constitucional validó la semana pasada la iniciativa de convocar a una consulta, al considerarla acorde con la carta magna.
En un hecho inédito en esta nación europea, 248 parlamentarios de diversas formaciones de oposición, tanto de derecha como de izquierda, lograron un acuerdo para proponer el referendo y defenderlo.
Una vez conseguido el visto bueno del Consejo Constitucional, los promotores deberán reunir en nueve meses las firmas del 10 por ciento del cuerpo electoral, equivalente a unos 4,5 millones de franceses.
Si logran ese requisito, considerado muy difícil, el tema deberá volver al Consejo Constitucional para validar las firmas.
De resultar positivo ese paso, luego el presidente Macron estará obligado a convocar al referendo si en un plazo de seis meses el tema no es discutido en el Parlamento.
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