La embajada de Venezuela en Roma lleva tres meses sin poder
pagar el alquiler de su sede ni los salarios de más de una decena de empleados
locales debido a las sanciones financieras internacionales contra el Gobierno
de Nicolás Maduro.
EFE
Así lo admitió ayer el embajador venezolano, Julián Isaías
Rodríguez Díaz, quien denunció en una conferencia de prensa las medidas
adoptadas por bancos internacionales para estrangular al Gobierno de Caracas y
que impiden la transferencia de fondos.
"Debemos tres meses de alquiler y hemos recibido ya un
aviso para desalojar la sede, aunque, como llevamos 25 años con esa
inmobiliaria, han esperado tiempo de manera excepcional", explicó.
También informó de que once empleados locales de la embajada
llevan cuatro meses sin recibir su salario.
"Dos de ellos han renunciado a su trabajo, pero los
otros, que llevan mucho tiempo con nosotros, se han mantenido por solidaridad y
porque tienen esperanzas de que se resuelva la situación", añadió.
El bloqueo bancario
ha dejado, además, en el aire un acuerdo de asistencia médica que Venezuela
tiene suscrito desde hace 9 años con la
organización italiana ATMO (Asociación para el Trasplante de Médula Ósea), por
el que pacientes venezolanos, especialmente niños, reciben tratamiento en
hospitales italianos.
"Ahora tenemos
una deuda pendiente de casi 9 millones de euros, ya que los gastos incluyen no
solo el traslado y el tratamiento médico -que se prolonga entre tres y seis
meses para estos casos-, sino también la estancia y manutención de los
familiares que acompañan al enfermo", explicó el diplomático.
"En noviembre
pasado, ATMO nos envió una notificación de que debíamos pagar o se suspendían
los tratamientos, tras lo cual se giró la transferencia al Novo Banco de
Portugal, pero los bancos se atemorizan por las presiones de Estados Unidos y
por ello se bloqueó el dinero destinado a la Asociación", añadió.
La continuidad del
tratamiento a los 25 pacientes que están en estos momentos en Italia está en
peligro, dijo Rodríguez Díaz, quien informó de que el pasado 27 de abril
falleció un niño de ocho años ingresado, aunque no lo ligó directamente con la
sanción.
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