Desde Tarija,
el ejecutivo regional, José Quecaña, frente al proyecto de Ley de
redistribución de las regalías, anunció que el Gran Chaco no permitirá la
emisión de una normativa ilegal por la Asamblea Departamental, considerando que
están vigentes los informes del Servicio Estatal de Autonomías y de la misma
entidad legislativa que establecen la inviabilidad e inaplicabilidad de una
norma similar.
El Gran Chaco/
“El Chaco
dará una batalla legal, están vigentes las leyes nacionales, los Decretos
Supremos, los Estatutos, los informes que salieron del órgano rector de
autonomías, de los Gobiernos Departamental y Regional, como de las comisiones
de la misma Asamblea Departamental que señalan con claridad que esa Ley no va,
porque no se podrá aplicar puesto que choca con la normativa vigente”, dijo.
En ese sentido,
advirtió que los asambleístas deben proyectar y aprobar leyes que se puedan
aplicar e implementar; pero si irían por el camino de aprobar este proyecto,
tendrán que enfrentarse al equipo jurídico del Gran Chaco, debido a la comisión
del delito de resoluciones contrarias a la Constitución o a las Leyes, que
tiene sanciones con privación de libertad de entre cinco a diez años.
Asimismo, la
autoridad aclaró que la Asamblea no puede pasar por encima de un Estatuto
Autonómico constitucionalizado y, de hacerlo, sería un esfuerzo vano; por esta
razón, sugirió elaborar una ley aplicable en el marco de la autonomía
departamental, puesto que las autonomías tiene igual rango ante la Ley y el 45%
forma parte del presupuesto de las competencias que tiene la región autónoma.
Por otro
lado, el camino del pacto fiscal planteado por algunos asambleístas con el
mismo objetivo de redistribuir las regalías, tampoco tendría el efecto buscado,
debido a que los pactos se deben construir en el marco de cada régimen
autonómico. En ese orden, sugirió buscar un pacto fiscal sobre el 100% del
presupuesto que percibe el Gobierno Departamental, que es la única vía posible
para ese fin.
El equipo
jurídico ya conformado estaría presto a
dar una batalla legal frente al grupo de asambleístas que aprobarán el proyecto
de ley y que, al mismo tiempo, cometerán el mencionado delito, por intentar
redistribuir recursos que están dispuestos sobre la base de criterios de
población y territorio, al margen de que el Gran Chaco es poseedor de la mayor
cantidad de pozos de gas y petróleo.
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