El País
Los comunarios de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía enviaron una carta al cónsul de la República de Argentina en Tarija, Carlos López Sanabria, para solicitar su disposición y ayuda en la resistencia que asumieron contra la explotación de hidrocarburos en la zona protegida por ley.
“Pensamos que podría afectar negativamente el área comprendida por la Comisión Binacional para el Desarrollo de la Alta Cuenca del Río Bermejo y del Río Grande de Tarija (COBINABE)”, expresaron en la carta. Eso debido a la afluencia de pasivos ambientales que encontraron en la zona donde se realizó la perforación de los pozos Domo Oso X1 y Domo Oso X2, y a las consecuencias que repercutirán en su territorio.
Los habitantes de siete comunidades que se encuentran en el territorio de la Reserva, de la provincia de O’Connor, continúan con una vigilia y bloqueo desde el 21 de marzo de la presente gestión, cuando un contingente de policías abrió paso a la fuerza para permitir que ingresen funcionarios del Gobierno y de las petroleras.
A partir de ese momento, el pacto acordado que daba tregua hasta el 25 de marzo se rompió. En un ampliado que tuvo la presencia de autoridades municipales y departamentales se firmó un acta que respalda los derechos de los pobladores y exige al Gobierno retirarse de la Reserva, derogar las normativas que habilitan este territorio como parte del proyecto San Telmo y romper acuerdos con las empresas petroleras.
“Antes que nada, queremos hacerle notar que la mencionada área protegida no solo corresponde a la subregión denominada Bosque Húmedo Montañoso Tucumano Boliviano, continuación natural argentino Baritú-Tariquía, sino que ocupa una gran parte de las cuencas de varios ríos tributarios”, sostuvieron en la misiva.
De esta manera, explican al diplomático que el Decreto Supremo 2366, aprobado por el Gobierno nacional, le permite el ingreso a Petrobras, a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y al Ministerio de Hidrocarburos al área protegida para iniciar los trabajos de exploración y explotación de hidrocarburos. Advierten que esos trabajos afectarán a la interrupción del corredor biológico Baritú Tariquía y por ende provocará el deterioro de las aguas que por gravedad desembocan en el país vecino.
El Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), informó que el área concesionada a las petroleras alcanza al 55 por ciento del área protegida. Según el Gobierno el impacto no alcanzará sino al 0.08 por ciento de toda el área. Además, en las demandas que realizaron los comunarios expusieron que el trabajo de consulta previa no estuvo acorde según lo determina la Constitución Política del Estado (CPE).
No hubo una consulta previa transparente, los comunarios no fueron advertidos de las posibles consecuencias y el Tribunal Electoral Departamental (TED) no asistió como ente regulador.
“Es por eso que nos dirigimos a su persona para que en resguardo y protección de los intereses de nuestro hermano país, al que usted representa, tome cartas en el asunto antes de que sea demasiado tarde y de que muchas personas sufran por los atropellos e irregularidades y omisiones que las empresas petroleras, con el apoyo y complicidad del Gobierno, vienen ejecutando en el área protegida”, culmina la carta.
Los comunarios de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía enviaron una carta al cónsul de la República de Argentina en Tarija, Carlos López Sanabria, para solicitar su disposición y ayuda en la resistencia que asumieron contra la explotación de hidrocarburos en la zona protegida por ley.
“Pensamos que podría afectar negativamente el área comprendida por la Comisión Binacional para el Desarrollo de la Alta Cuenca del Río Bermejo y del Río Grande de Tarija (COBINABE)”, expresaron en la carta. Eso debido a la afluencia de pasivos ambientales que encontraron en la zona donde se realizó la perforación de los pozos Domo Oso X1 y Domo Oso X2, y a las consecuencias que repercutirán en su territorio.
A partir de ese momento, el pacto acordado que daba tregua hasta el 25 de marzo se rompió. En un ampliado que tuvo la presencia de autoridades municipales y departamentales se firmó un acta que respalda los derechos de los pobladores y exige al Gobierno retirarse de la Reserva, derogar las normativas que habilitan este territorio como parte del proyecto San Telmo y romper acuerdos con las empresas petroleras.
“Antes que nada, queremos hacerle notar que la mencionada área protegida no solo corresponde a la subregión denominada Bosque Húmedo Montañoso Tucumano Boliviano, continuación natural argentino Baritú-Tariquía, sino que ocupa una gran parte de las cuencas de varios ríos tributarios”, sostuvieron en la misiva.
De esta manera, explican al diplomático que el Decreto Supremo 2366, aprobado por el Gobierno nacional, le permite el ingreso a Petrobras, a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y al Ministerio de Hidrocarburos al área protegida para iniciar los trabajos de exploración y explotación de hidrocarburos. Advierten que esos trabajos afectarán a la interrupción del corredor biológico Baritú Tariquía y por ende provocará el deterioro de las aguas que por gravedad desembocan en el país vecino.
El Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), informó que el área concesionada a las petroleras alcanza al 55 por ciento del área protegida. Según el Gobierno el impacto no alcanzará sino al 0.08 por ciento de toda el área. Además, en las demandas que realizaron los comunarios expusieron que el trabajo de consulta previa no estuvo acorde según lo determina la Constitución Política del Estado (CPE).
No hubo una consulta previa transparente, los comunarios no fueron advertidos de las posibles consecuencias y el Tribunal Electoral Departamental (TED) no asistió como ente regulador.
“Es por eso que nos dirigimos a su persona para que en resguardo y protección de los intereses de nuestro hermano país, al que usted representa, tome cartas en el asunto antes de que sea demasiado tarde y de que muchas personas sufran por los atropellos e irregularidades y omisiones que las empresas petroleras, con el apoyo y complicidad del Gobierno, vienen ejecutando en el área protegida”, culmina la carta.
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