MAGGY TALAVERA
Ni exagerado, ni alarmista. El riesgo que corre la democracia en Bolivia de enfrentar una alerta roja en un plazo que puede estar más cerca del medio que del final, es real. Todos los días hay señales que alimentan ese riesgo. Señales emitidas sobre todo por la cúpula que gobierna al país, pero a la que también se suman otras lanzadas desde la oposición política y, no menos importantes, otras más desde diferentes sectores de la sociedad civil.
Negar ese riesgo es peligroso, como también lo es entrar en pánico frente al mismo. Ya se sabe que tanto la negación de la realidad, como el dejarse dominar por el miedo, llevan a la inacción o parálisis, ambas reacciones contraproducentes si de lo que se trata es evitar a tiempo llegar al extremo de caer en alerta roja o, en su defecto, estar preparados para enfrentar y vencer el peligro. Los enemigos de la democracia están entre una y otro.
La única duda en este momento es si la democracia en Bolivia está entre la alerta amarilla y la naranja, o entre ésta y la roja. Mucho depende de las miradas y los factores tomados en cuenta para hacer esa valoración. En todo caso, lo central es tomar consciencia de que se encamina al rojo. Ya no se trata siquiera de remontarse al proceso constituyente que se inició a mediados de 2006 y se cerró en enero de 2009 con la aprobación de la nueva CPE.
El punto central de esta ruta de mayor riesgo democrático se sitúa sin duda entre febrero y abril de 2013. Ese mes de febrero, la Asamblea Legislativa aprueba un proyecto de ley de Aplicación Normativa para “interpretar” el artículo 168 y la Disposición Transitoria Primera de la CPE, buscando con ello habilitar por tercera vez la candidatura presidencial de Evo Morales. En abril del mismo año, ¡oh, sorpresa!, el Tribunal Constitucional la avala.
Fue la primera violación a la CPE, alentada por el abierto afán de Morales de prorrogarse en el poder. Lo que vino después fue una seguidilla de violaciones no solo a la CPE, sino también a la voluntad popular expresada en el voto, como fue el desconocimiento de los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, impulsado por el MAS en su afán de modificar el artículo 168 de la CPE, pero que le dijo No a la re-reelección de Morales.
Violaciones consentidas por los tribunos del TCP en noviembre de 2017, cuando aprueban la sentencia 0084/17 declarando procedente la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta presentada en septiembre de ese año por el MAS. Es en ese fallo donde el TCP amaña la interpretación del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, hoy desvirtuada por la Opinión Consultiva emitida por la Corte IDH que ha dejado en claro que la reelección indefinida no es un derecho humano.
A las violaciones de la CPE y la voluntad popular se sumaron también los vocales del TSE, que el 5 de diciembre de 2018 fallaron a favor de la cuarta re-reelección de Morales, de cara a las elecciones de octubre de 2019. Lo ocurrido a partir de esos comicios ya es conocido por todos: denuncias de fraude electoral para favorecer a Morales, resistencia civil, crisis y renuncia, con huida del país de por medio, de Morales y sus principales colaboradores.
Es importante el recuento para ver que esta ruta de alto riesgo de retroceso democrático, trazada hace años, ha ensanchado vías para permitir al MAS acelerar el paso y asegurarse de llegar cuanto antes a su meta: el poder total, por siglos de los siglos, amén. En esa estrategia se incluye el paquete de leyes y reformas que está aprobando en la ALP, siguiendo la ruta del régimen de Ortega en Nicaragua, que en seis meses aprobó más de media docena de reformas o leyes que le han permitido consolidar un engranaje jurídico para anular toda y cualquier oposición, sea la formal en las urnas, como la de la ciudadanía en las calles.
Entre las leyes de reciente aprobación, por cierto algunas muy similares hasta de nombre a las de Nicaragua, están la de la Estrategia Nacional Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, la reciente Ley de Fortalecimiento de lucha contra la Corrupción, e incluso la Ley de Carrera de Generales y Ascensos de la Policía (que terminó colocando a la cabeza del Mando Policial nada menos que al ministro de Gobierno, figura que había sido excluida en Diputados).
Habrá que sumar a esas nuevas leyes otras normas o acuerdos aprobados, que aparentan tener otros fines, pero que más bien parecen responder a una misma estrategia, como es el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional para acceder a Información del Sistema Central de Portabilidad de la ATT, suscrito hace poco entra la Fiscalía General y la Autoridad de Regularización y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte. Éste y las leyes citadas arriba tienen un factor en común: escuchas de telefonía expeditas.
Hay más señales, pero no más espacio para seguir detallándolas aquí. Solo queda citar uno que otro ejemplo, como los juicios en curso contra opositores al partido de Gobierno y otros por ser iniciados, ya no solo a políticos o autoridades opositoras en ejercicio, sino además a dirigentes de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas las cívicas y gremiales. Toca hacer la pregunta: ¿cómo frenar esta ruta crítica? No parece haber otra opción que la de un nuevo pacto entre opositores políticos, pero conectados y oyendo a la sociedad civil.
La autora es periodista.
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